En nuestro país el narcotráfico tiene ya un nivel de influencia económica e institucional que se acerca a la de los más gravemente comprometidos, como México.

 

Por Carlos Gabetta (*)

El plan del gobierno “Argentina sin narcotráfico” avalado por parte de la oposición, gobernadores, ministros y miembros de la Corte Suprema, apunta en lo esencial a lo que comúnmente se llama “guerra al narcotráfico”. Loable, pero se trata de una guerra perdida en todos los países, incluyendo a los Estados Unidos. 
“La espectacular fuga del narcotraficante mexicano ‘Chapo’ Guzmán de una cárcel de ‘alta seguridad’ (?) sólo puede asombrar a quienes creen que las políticas represivas acabarán con el comercio mundial de drogas ilegales (…) el narcotráfico mueve tanto dinero que puede comprar lo que necesite, o se le ocurra (…) El Cartel de Sinaloa tiene más presencia internacional que cualquier multinacional mexicana (…) controla el 70% del mercado de metaefedrina en los EE.UU.”. Así comenzaba en esta columna, hace más de un año, un resumen detallado de esas guerras perdidas.  
En otra posterior se trazaba un paralelo entre Argentina y México. La conclusión era que la dimensión y consecuencias del narcotráfico ya eran aquí casi las mismas: “(la fuga de Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillachi) es una nueva y grave evidencia de que en nuestro país el narcotráfico tiene ya un nivel de influencia económica e institucional que se acerca a la de los más gravemente comprometidos, como México” (“Argenmex.” Perfil, 3-1-16).
El plan del Gobierno argentino cierra ahora de manera similar el círculo que en 2012 ya había cerrado el presidente mexicano Peña Nieto: “Creación de una Gendarmería Nacional integrada por 10.000 efectivos, la división del territorio nacional en cinco regiones operativas y una inversión de cerca de U$S1.000 millones para financiar programas de prevención del delito”.
Ocurre que tanto en Argentina como en México el propósito de guerrear con el narcotráfico mediante las fuerzas de seguridad e inteligencia se estrella con que éstas ya están penetradas, si no controladas, por el narcotráfico. Incluso las de creación expresa, ya que en lo esencial se forman con las preexistentes. Así, la violencia que suelen desplegar se suma a las “operaciones” de los servicios de inteligencia. “Civiles y militares mexicanos mantuvieron 3.520 enfrentamientos durante el mandato de Felipe Calderón (2006/2012) y Enrique Peña Nieto (2012/2014). Murieron 4.255 personas; 4.049 civiles y 209 militares. En las refriegas, 494 civiles resultaron heridos. La relación entre muertos y heridos fue de 8 a 1 (…) El jefe de la policía federal fue destituido tras un informe de Derechos Humanos” (El País, Madrid, 31-8-16). En cuanto a los servicios de inteligencia, el caso del director de Aduanas, Juan Gómez Centurión, resulta un buen ejemplo local: o un militar reputado honesto es culpable o fue víctima de algún “servicio”. La conclusión será pues que no se puede confiar casi en nadie. Incluso en el fallo, considerando el funcionamiento actual de la Justicia. 
Así las cosas, parece más lógico empezar por una “guerra de limpieza” de los organismos del Estado. Ardua tarea, que por definición necesitaría de auditorías, comisiones parlamentarias y de notables ad hoc; del periodismo serio y la participación ciudadana. De la unidad nacional tras el propósito.
En cuanto al narcotráfico, la única manera de ganar esa guerra es la legalización de todas las drogas y su control por los Estados y organismos competentes. La fundamentación de esta salida, apoyada por prominentes figuras internacionales, requiere de otro espacio, pero está demostrada, entre otras, en la “Historia general de las drogas”, del filósofo y jurista español Antonio Escohotado (3 tomos, Espasa, Madrid, 1999). Recomendable tanto para legos como especialistas.

(*) Periodista y escritor. Nota publicada en el diario Perfil.

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