El Jefe comunal destacó la decisión unánime de los ministros de derogar la resolución del Concejo de separarlo del cargo y consideró que el enjuiciamiento concluyó. Concejales aducen que no invalida el proceso sino que la medida es provisoria hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El jueves aguardan a González en el recinto.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar ayer a una medida cautelar planteada por el intendente de Pago de los Deseos, Eduardo González, quien alegó que en forma incorrecta el Concejo lo suspendió en el cargo como parte de un juicio político por el presunto incumplimiento en la presentación de balances comunales. Para el Jefe comunal esa decisión judicial implica no sólo continuar en su rol sino también el fin del proceso de enjuiciamiento. Versión que es refutada por dos de los tres ediles, quienes sostienen que esperan que el titular del Ejecutivo concurra mañana al recinto para hacer su descargo.
“Los ministros, por unanimidad, ordenaron que sea restituido en mi cargo. Cayó la Resolución Nº 9 a través de la cual el Concejo me suspendió en el cargo y me inició un juicio político basándose supuestamente en una denuncia de vecinos que plantearon que no presenté los balances”, afirmó González a El Litoral. Tras lo cual indicó que “precisamente en la presentación señalamos que además de no respetarse la legislación fijada para este tipo de procedimientos, es mentira que no presenté rendiciones”.
“Los balances del 2013 están en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, mientras que los del 2014 y 2015 fueron enviados al auditor externo. Cuando ellos quieran pueden ir a ver esas documentaciones, está todo en regla”, aseveró el Intendente, quien subrayó que considera que la resolución emitida ayer por el STJ invalida su suspensión y hace caer el proceso de juicio político en su contra. En este sentido señaló que “seguiré trabajando para lo que me eligieron”.
Por su parte, los ediles expresaron a El Litoral que si bien aún no fueron notificados de la decisión judicial, tienen conocimiento de la misma. Pero aseguraron que “es una medida cautelar, es decir, se trata de una medida provisoria hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Hay que tener en cuenta que hasta ahora la Justicia escuchó los argumentos de González. Cuando nos corran traslado, nosotros podremos realizar nuestro descargo y ahí explicaremos que seguimos con el procedimiento correspondiente”.
Con respecto a esto recordaron que “a través de la Resolución Nº 9 se inició el proceso de juicio político y se estableció la suspensión provisoria del Intendente porque no respondió a los pedidos de explicaciones que se le realizaron a través de las resoluciones 7 y 8. En ambas, con plazos fijados, se lo intimaba a que presentara los balances del 2014 y 2015 con sus respectivas documentaciones respaldatorias. Es decir, tuvo oportunidad de dar su versión ante el Concejo y decidió no hacerlo”.
Basándose en el argumento de que el STJ sólo derogó la suspensión provisoria pero no el proceso de juicio político, los concejales aseveraron que “el jueves, tal como estaba previsto, el Intendente debe concurrir a la sesión para hacer su correspondiente descargo. Es decir, debe presentar los balances”.
Así, cada una de las partes involucradas en el conflicto de poderes se mantiene firme en su postura. Por su parte, el STJ -sobre la decisión adoptada en este caso- informó textualmente que los “ministros entendieron que de las manifestaciones efectuadas, la suspensión en sus funciones, no parece en principio necesaria en esta etapa primigenia del juicio político, puesto que no estamos en presencia del supuesto previsto en el artículo 104 de la Ley 6.042 al no constar la existencia de un proceso penal que involucre al Intendente”.

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