Por Fernando N. Marturet

Luego de los hechos más recientes de represión que se dieron en la provincia de Corrientes hacia manifestantes de la Federación de Organizaciones de Base y lo ocurrido durante el XXXI Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, en distintos los medios y redes sociales vuelve a salir a la luz el viejo planteo en torno de la legitimidad de la protesta social y lo cuestionable de sus métodos.

A la hora de argumentar en contra de los piquetes surge la problemática de la libertad de tránsito, la cantidad de manifestantes que concurren y los diversos matices políticos. Sin embargo, detrás de todos estos cuestionamientos resuena el problema de la urgencia del reclamo: ¿Quiénes tienen permitido cortar las calles? ¿Bajo qué justificación? ¿Quiénes están calificados para decidir cómo actuar ante estos hechos? 

Vivimos en una provincia con uno de los índices más altos de femicidio del NEA, ya en lo que va del año se produjeron cinco muertes por violencia machista y cientos de casos de violencia doméstica. El caso que recientemente conmocionó la ciudad es el de Alejandra Duarte quien murió en “el día de la madre” después de un largo coma farmacológico, con el 70% de su cuerpo quemado. El acusado es su ex pareja, Alberto Tami, este femicidio quiso maquillarse caratulándolo como “Ritual Umbanda”. 

La provincia también encabeza la lista de las más pobres del país según los datos recientes del INDEC, además de la trata de personas y el estado de vulnerabilidad bajo la que se encuentran sobre todo las mujeres pobres. En el caso de la represión hacia las mujeres de la FOB, quienes se movilizaron en reclamo al Gobierno Provincial por acuerdos incumplidos -asistencia urgente a comedores comunitarios, trabajo y un colectivo para el Encuentro Nacional de Mujeres-, funcionarios de la misma Casa de Gobierno se refirieron a dicho reclamo como “no prioritario”. Este ninguneo a las de abajo desató la razzia policial, lo que dejó en evidencia la violencia sistemática que ejerce el Estado sobre las clases oprimidas, las cuales son violentadas, en principio, negándoles el derecho al trabajo, techo y comida, y conjuntamente aplacando los reclamos dignos con palos, gases y balas.

En la misma línea se dieron los hechos de represión policial en la ciudad de Rosario, en el marco del XXXI Encuentro Nacional de Mujeres, donde más de 70.000 mujeres participaron de diversos talleres y realizaron una histórica marcha con una columna de más de 20 cuadras de largo en reclamo contra la violencia de género, a favor de la igualdad de condiciones laborales y por la legalización del aborto, entre otros pedidos urgentes. Lo paradójico es que la visibilización de este acontecimiento en los medios surge recién cuando acontecieron los hechos de represión, lo cual alimenta una representación negativa en la mirada pública orientando las discusiones en torno a lo repudiable o legítimo de las pintadas en las calles y desviándolas del reclamo original: la alarmante emergencia nacional por violencia hacia la mujer.

En este proceso de predicación del ajuste, el hambre y la pobreza, la protesta social se vuelve la principal arma contra la impunidad bajo la que actúan los poderosos. La protesta visibiliza esa violencia implícita que constantemente buscan esconder del ojo público. La protesta es algo que incomoda, algo que perturba el orden de lo cotidiano, lo que rompe la falsa sensación de que todo está bien. La protesta nos reivindica como animales políticos y demuestra que, en la diversidad de sectores en lucha, “lo político” se expresa como reclamo genuino del pueblo, reclamo que “la política” partidista nunca pudo satisfacer por completo, porque lo político es esa búsqueda por justicia que desborda a la política y su burocracia, y sólo encuentra reivindicación en el reclamo popular.

El estado en el que se vive en los barrios de Corrientes y Argentina es de emergencia permanente, donde en el día a día se pone en juego la vida no pudiendo asegurar el alimento, el trabajo, la educación, ni aún la propia integridad física y mental. Queda claro que la agenda de urgencias del Gobierno no es la misma que la del pueblo, y si al Estado no le parecen urgentes las cuestiones de género y la miseria bajo la que se encuentran miles de personas, es trabajo del reclamo popular denunciar y exigir que sean prioritarias en toda agenda política.

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