Un mecanismo de recompensas a los particulares u organizaciones privadas que ayudaran efectivamente y en forma comprobada a recuperar dinero de la corrupción, representaría el mejor estímulo para alentar la búsqueda del patrimonio perdido.

 

Por Carlos Manfroni (*)

La difusión casi diaria de nuevos hallazgos de inmuebles, automóviles, embarcaciones y divisas vinculados con hechos de corrupción del gobierno kirchnerista y el volumen de esos capitales ha puesto sobre la mesa la necesidad de encontrar mecanismos aptos para la recuperación del patrimonio público. Esta misión, que es un deber de justicia, ya figuraba entre los compromisos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada en 1996, que prevé la posibilidad de compartir los activos derivados de actos corruptos entre los Estados que ayuden a localizar e inmovilizar los bienes que estén fuera del país donde se investiga el delito.
La convención de la OEA no prevé expresamente la perspectiva de compartir los activos de la corrupción con los particulares que ayuden a recuperarlos, como lo hace con los Estados que cooperen. Sin embargo, otra de sus cláusulas compromete a los gobiernos a generar mecanismos que estimulen la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Semejante disposición toma muy en cuenta que ningún gobierno en el mundo se basta a sí mismo para una tarea tan difícil, susceptible de afectar, además, los intereses más diversos.
Un mecanismo de recompensas a los particulares u organizaciones privadas que ayudaran efectivamente y en forma comprobada a recuperar dinero de la corrupción representaría el mejor estímulo para alentar la búsqueda del patrimonio perdido, no sólo por parte de los ciudadanos del propio país, sino también de los extranjeros que tuvieran conocimiento de bienes en el exterior.
Como experiencia histórica, los Estados Unidos cuentan con la disposición Qui Tam, dentro de una ley impulsada y promulgada por Abraham Lincoln en 1863 para combatir los pagos en exceso realizados por el gobierno. La norma prevé una participación de entre el 15% y el 25% en favor de los particulares o de las organizaciones privadas que litiguen exitosamente en los tribunales para demandar el reembolso de dinero público obtenido ilegalmente. De ese modo, el gobierno norteamericano recuperó, durante el último cuatrienio, más de 3.500 millones cada año, gracias a la iniciativa privada en la persecución del producto del delito o del despilfarro.
Esa práctica de recompensas tuvo antecedentes aún anteriores en el derecho romano y en la Inglaterra medieval y el nombre Qui Tam abrevia una frase que significa “Quien litiga en favor del soberano y de sí mismo”.
Por más que se decomisen bolsos llenos de dólares y estancias en el Sur, la Nación no podrá recuperar una parte significativa de los activos saqueados hasta que el representante de un habitante de las Seychelles, de un empleado de venta de inmuebles en la costa del Mediterráneo o de un puestero de campo en la Patagonia pueda presentarse ante los tribunales y abrir una investigación sobre cierto señor o señora que integró el gobierno argentino y de quien tiene pruebas de bienes suyos no declarados.
A veinte años de la Convención Interamericana contra la Corrupción, una norma así puede representar un gran paso adelante en el camino de la justicia y beneficiar a nuestra economía quizá más allá de lo que podamos imaginar.

(*) Miembro del grupo de expertos de la OEA que redactó la Convención Interamericana contra la Corrupción. Nota publicada en el diario La Nación.

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