Finalmente la Cámara de Diputados de Brasil consiguió lo que quería: votar una ley que, en la práctica, representa el fin del Lava Jato, el proceso que investigó la corrupción en Petrobras. Por la forma no lo parece, pero en verdad se trata nada menos que de una autoamnistía en un proceso donde más de un centenar de legisladores está involucrado en las coimas de privados que usaron los fondos de la petrolera estatal para ese fin.
Bien de madrugada y cuando todo el mundo en Brasil estaba pendiente del tremendo accidente aéreo -que costó la vida de jugadores de un club- los diputados dieron el unánime sí. Fueron 400 votos a favor y una abstención. El texto de la ley se llama, curiosamente, “10 medidas contra la corrupción”. Pero contiene en su interior una cláusula que protege a los parlamentarios y políticos que hayan incurrido en ese delito.
La ley, que prevé el castigo de “abuso de autoridad” de jueces y fiscales establece que el magistrado incurrirá en “delito de responsabilidad” si entabla un procedimiento “sin indicios mínimos de la práctica de algún delito”. Esto anula el efecto de las “delaciones premiadas” (la figura del arrepentido) que por no ser un indicio en sí mismo -deben requerirse elementos que la prueben- impedirán iniciar el proceso de investigación. También castiga la manifestación de opinión por parte de un juez, “por cualquier medio de comunicación”, sobre procesos iniciados en el Ministerio Público.
Según el fiscal Delton Dallagnol, “se aprobó una ley de intimidación contra fiscales, jueces y grandes investigaciones”. El proyecto, que ahora deberá pasar por el Senado y que muy difícilmente sea vetado por el presidente Michel Temer, fue redactado -con un asesoramiento impecable- por el líder del Partido Democrático Laborista (PDT), el diputado Weverton Rocha, sobre quien pesan denuncias de corrupción por delitos contra la administración pública que se cursan en la Corte Suprema.
Por la forma que adquiere: prevención contra “abuso de autoridad”, tiene un marco leguleyo que en los hechos la reviste con la pátina de “justicia”, aun cuando sus fines sean precisamente los contrarios. Por esa razón es previsible su rápida aprobación en el Senado.
Convengamos que el texto aprobado en Diputados no deja lugar a dudas sobre quiénes son los “beneficiarios” y quiénes las “víctimas”. Sale, indemne, el centenar de parlamentarios sospechados de cometer delitos de corrupción en el caso de Petrobras. Y coloca el hacha sobre la cabeza de magistrados e investigadores que llevan el caso de ese modelo de coimas. Un sistema que rindió fortunas durante años a una pléyade de empresarios, gerentes, políticos y congresistas. En lo formal, la medida no es cuestionable por proponer límites a “abusos de autoridad” del sistema judicial. Ocurre que, como dijo el jurista Walter Maierovitch, “este no era el momento”. Como fue votada, lo que se observa es que “la Cámara terminó legislando en causa propia y dio la espalda a los ciudadanos”. Para complicar aún más el escenario político, el Senado dio la espalda a sus colegas de la Cámara baja, al menos temporariamente. El titular del cuerpo, Renan Calheiros, propuso al plenario tratar en carácter de urgencia (sobre tablas) el proyecto tal como vino de Diputados; pero los senadores se le dieron vuelta: rechazaron la propuesta del parlamentario, uno de los popes del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (Pmdb), el mismo de Temer.
¿Por qué el Presidente brasileño se ve perjudicado? Porque tendrá un Congreso dividido que puede implicar la dilación en aprobar leyes que él y su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, juzgan esenciales. 

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