Al ser notificado que, al igual que el secretario de Hacienda, fue procesado por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, el intendente de Goya, Gerardo Bassi anunció la semana pasada que denunciaría por prevaricato al juez de Instrucción y Correccional Nº 3, Darío Ortíz. Y el último miércoles, en una sesión ordinaria, el oficialismo (FPV)  impuso su mayoría y aprobó un proyecto de resolución repudiando el accionar del funcionario judicial porque consideran que es arbitrario y que  tiene connotaciones políticas. Tras la difusión de estas informaciones que, cabe destacar, fueron informadas desde los organismos oficiales ante citados, ayer el Colegio de Magistrados emitió un comunicado en el que expresa su “preocupación por la propagación que ha tenido en diversos medios de difusión, apreciaciones referidas a la actuación del Juez de Instrucción y Correccional N° 3 de la ciudad de Goya, Darío Alejandro Ortíz”.
“Manifestamos nuestra profunda inquietud por los efectos que produce la denuncia mediática de la cual se hicieron eco algunos medios periodísticos, que genera un manto de sospecha sobre la honorabilidad y ética de jueces y funcionarios”, señaló desde el Colegio en el inicio de la nota difundida ayer. Tras lo cual insistieron en que “la denuncia mediática genera muchos efectos no deseados, aun para las propias personas involucradas, y eso provoca mucha incertidumbre en la ciudadanía, en particular aquellos que puedan tener situaciones o causas en la justicia, no importando su rol en el proceso, pues produce pérdida de confianza en las instituciones”. “Ante esta situación, y con la única finalidad de informar adecuadamente y llevar tranquilidad a la ciudadanía, es que decimos: la disconformidad con las decisiones judiciales se deben hacer saber a través de los recursos, que son actos de carácter técnico que realizan los abogados que intervienen en la causa, quienes también tienen obligaciones que cumplir para con sus defendidos y en el desarrollo de la causa, a la cual tienen acceso y pueden notificarse, es decir, tomar conocimiento de las decisiones que se registran en su desarrollo”, agregaron. Por lo tanto “sostenemos que un juicio se desenvuelve con la participación responsable de todos sus operadores; jueces, fiscales, defensores, querellantes, y los integrantes de la comunidad de trabajo, circunstancia que debe ser observada al momento de juzgar las decisiones judiciales”, detallaron.  Al mismo tiempo, aclararon que “no desconocemos que estamos sometidos a un permanente y severo escrutinio de la ciudadanía, afirmación que no es una crítica, si no un reconocimiento de la responsabilidad en la función judicial”. Después, señalaron“sostenemos que, la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos, dos derechos que van indisolublemente unidos, hacen a la esencia del sistema republicano, y los respetamos”. Y por último, aseveraron que “no avalamos conductas incorrectas, pero tampoco podemos guardar silencio ante situaciones que no contribuyen a preservar la confianza en las instituciones, más teniendo presente que los actos y decisiones jurisdiccionales del Juez de Instrucción y Correccional N° 3 de Goya, fueron controladas por las partes en función al respeto de las normas constitucionales y los Pactos Internacionales con jerarquía constitucional”.

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