Concejales de la comisión investigadora expusieron sus conclusiones. Laprovitta y Estoup sostuvieron que no hay anomalías administrativas ni financieras. La oposición consideró que sí existen y un tercer informe apuntó a controversias en las pruebas. El PJ y aliados votaron en soledad el informe favorable a la gestión de Ríos.

 

Después de dos meses de reunir pruebas, los cinco ediles que conformaron la comisión investigadora sobre la ejecución del plan Techo Digno, mediante el cual llegaron recursos para la construcción de 200 viviendas en el barrio Doctor Montaña expusieron ayer sus conclusiones en el recinto del Concejo. 
Los dictámenes fueron sometidos a votación, pese a la resistencia de la oposición que consideraba que únicamente tenían que ser enviados al Departamento Ejecutivo. Finalmente por 9 votos y una abstención se aprobó el informe elaborado por los concejales Justo Estoup y Ataliva Laprovitta (PJ) que sostienen que “no hay anomalías administrativas ni financieras”.

 

Con 9 votos a favor (PJ, PL y Panu) y la abstención de Libres del Sur, se aprobó el dictamen Nº487 elaborado por Ataliva Laprovitta y Justo Estoup.


La sesión especial comenzó a las 11.30, y se extendió por espacio de más de tres horas. El primero en hacer uso de la palabra fue el concejal Juan José López Desimoni (Partido Popular) que firmó el dictamen junto a Fabián Nieves (CC-ARI) y aseguró que de la documentación se desprendía la existencia de “graves irregularidades”, y recordó que el jefe comunal Fabián Ríos aseguró que el inicio de obras fue el 20 de octubre del 2016, y que la auditoría realizada por la Secretaría de Viviendas de la Nación certificaba un avance nulo el 20 de febrero del presente año.
“No había un solo ladrillo en ese lugar, en esa fecha”; señaló, además de destacar que el certificado presentado por la Comuna, que aseguraba un avance físico del 6% le permitió acceder a una redeterminación de precios de la obra proyectadas en el Doctor Montaña, cuyo  financiamiento se duplicó. “Son instrumentos públicos falsos”; consideró. También consideró medular las fotografías satelitales remitidas por el Icaa, que permiten constatar que en enero de este año “no hay nada” en la zona donde debían construirse las casas.
Sostuvo además que la misión de la comisión investigadora era únicamente cotejar documentación y recomendar acciones, y consideró que al Departamento Ejecutivo le quedaban dos instancias a las que debe concurrir, el sumario administrativo y la denuncia penal presentada en el juzgado federal número 5.
El concejal de la oposición criticó el informe enviado por la Secretaría de Economía municipal sobre los movimientos en las cuentas y expuso incongruencias en los dichos del propio jefe comunal en relación al comienzo de los trabajos. 

 

“Analizamos no sólo los correos electrónicos, sino la ley de obra pública; y no se cumplieron los plazos, no tiene efecto el control. Por eso es nulo, no vale analizarlo de manera legal”, dijo Estoup.


Por el oficialismo, hablaron los concejales Justo Estoup y Ataliva Laprovitta. El primero fue tajante y abrió su alocución asegurando que no existen pruebas o indicios que den cuenta de anomalías financieras o administrativas en el plan Techo  Digno. Y recordó que esta polémica surge a partir de una denuncia mediática, que tuvo una inmediata respuesta del intendente Ríos, que se puso a disposición de la Justicia y pidió ser interpelado por el Concejo. Negó “irregularidades financieras” y por ende que se hayan robado 30 millones de pesos. “El dinero está”, enfatizó.
Disparó contra los auditores de Nación y sostuvo que hay documentación que indica que “no han visitado  la obra”. Se refiere a comunicaciones digitales entre el área de Vivienda municipal y el nacional, que en el mes de marzo, un mes después de la supuesta inspección, piden por correo actas de inicio de obra y foto del cartel. “El mismo cartel que sale en el programa de Majul”, agrega.
Enumera otras faltas de consistencias en lo actuado por funcionarios nacionales, por ejemplo que para la inspección de obras sólo estuvieron los responsables del control, y no así los referentes del órgano ejecutor, municipio, y las empresas que están construyendo las viviendas. Y además de atacar “lo vago” de varios planteos de la auditoría, anticipó que seguramente tendrá su consecuencia judicial.
Laprovitta complementa lo señalado por su par y recuerda cómo fue la llegada de recursos, en sintonía a lo expuesto por el jefe comunal cuando  se presentó en el recinto. Y se sumó a lo señalado por Estoup, en referencia  al “vacío de legitimidad” observado en la inspección del área de Viviendas de Nación.
El último en exponer fue el concejal Gabriel Romero (Libres del Sur) que decidió emitir una conclusión en soledad,  y recalcó que existe una grave “contradicción, controversia y diversidad de posiciones entre lo expresado por los documentos municipales y lo informado por Nación después de la inspección de obra”. Concluidas las exposiciones, el concejal oficialista Omar Molina propuso votar los dictámenes. La oposición decidió retirarse del recinto para no “convalidar” un tratamiento que no estaba previsto en la resolución que creó la comisión investigadora, mientras que el edil Gabriel Romero pidió su abstención.

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