La definición es suficientemente clara: se conoce como nepotismo a la predilección exagerada que algunos funcionarios en actividad que ocupan cargos públicos poseen respecto a su familia, allegados y amigos a la hora de realizar concesiones o contratar empleados estatales. En estos casos, el individuo que accede a un empleo público logra el objetivo por su cercanía y lealtad al gobernante o funcionario en cuestión, y no por mérito propio o capacidad.
En los Estados donde rige la meritocracia (un sistema para el cual el mérito justifica el ascenso en el marco de una escala jerárquica), el nepotismo está considerado como un acto de corrupción. No se acepta, a nivel social, que un dirigente político decida destinar recursos públicos a un familiar o amigo por cuestiones de simpatía o afecto.
Si esta cuestión la aplicamos a la actual gestión de Gobierno, innegablemente llegamos a la conclusión de que el nepotismo está siendo una mala costumbre. Muchas de las prácticas del pasado (el kirchnerismo dio sobrados ejemplos) se siguen dando en la actualidad con la única diferencia de que los protagonistas son otros.
Vale recordar que la campaña política de Cambiemos se basó en la promesa de que iba a ser una gestión distinta, que no iba a repetir lo hecho por el kirchnerismo (designar parientes en el Gobierno, por ejemplo) y la palabra ajuste no estaba en su léxico.
Cambiemos no cumplió con la palabra empeñada. Actualmente está haciendo lo mismo que otras gestiones anteriores.
La Cámara de Diputados tiene en análisis el proyecto (aprobado ya por el Senado) de reforma laboral y jubilatoria. También rigen aumentos en las tarifas de gas, luz, combustibles y prepagas, entre otros.
Por otra parte, un hecho curioso ocurrió días atrás: el Gobierno nacional anunció que algunos ajustes se darán en distintos organismos y ministerios. Algo similar harán las provincias, producto del acuerdo logrado recientemente con la gestión macrista.
Sin embargo, casi inmediatamente se supo que el Banco de la Nación Argentina nombró dos nuevos directores, uno de ellos la hermana del ministro de Trabajo Jorge Triaca.
El nombramiento como directora de la entidad de Mariana Triaca, hermana del ministro de Trabajo, no es el único caso. 
Cuesta creer que lo que había sido un caballo de batalla en la crítica de la gestión kirchnerista se ha convertido en un modelo imitado a la perfección.
Se sabe, por ejemplo, Carla Piccolomini, la esposa de Andrés Ibarra, ministro de Modernización, forma parte del directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA), como directora de Relaciones Institucionales. 
A poco de iniciarse la gestión macrista, María Cecilia Loccisano, esposa del ministro Triaca, fue designada coordinadora de la Unidad de Financiamiento Internacional en el Ministerio de Salud.
También Josefina Rouillet, esposa del titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, integra la lista de polémicos nombramientos. Es gerenta general del Fondo de las Artes.
La lista es larga y el actual Gobierno no se sonroja por ella. Al contrario, le parece bien.
Basta con tener en cuenta lo dicho por el Presidente: a 24 horas de la escandalosa designación por decreto de la hermana de Triaca en el Banco Nación, Mauricio Macri acusó al kirchnerismo de colocar gente en la función pública.
Como no teniendo en cuenta el revuelo que generó el nombramiento de Mariana Triaca, el presidente Macri estuvo en Entre Ríos y sostuvo: “Tenemos que tener un Estado que funcione al servicio de la gente y acá hay muchos lugares donde lo han usado para generar lugares donde acomodar a los parientes, a los amigos de la política y eso no funciona”.

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