Son diez las personas a las que se procesó con prisión preventiva. Entre ellas se destacan los hermanos Sergio y Oscar Salgán, condenados por el secuestro y desaparición de Christian Schaerer en septiembre de 2003.

 

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó las apelaciones interpuestas por las defensas de diez de las doce personas a las que el Juzgado Federal de Paso de los Libres procesó con prisión preventiva en el marco de la investigación que se les sigue por integrar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes y el lavado de activos generados por dicha actividad ilícita.
Los recursos fueron interpuestos por las defensas técnicas de los hermanos Oscar Antonio y Sergio Gustavo Salgán -quienes fueron condenados por el secuestro extorsivo de Christian Schaerer, ocurrido en 2003-, Silvio Damián Vargas, Antonia Aida Castillo, Damián Alejandro Aguirre, Iván Andrés Derfler, Miguel Antonio Insaurralde, María Fernanda Miño, Adrián Enrique Saintoette y Víctor Javier Benítez.
En el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, interinamente a cargo de Aníbal Fabián Martínez, y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) -que coordina el fiscal federal Diego Iglesias- en marzo y abril pasado se encomendó a la Policía Federal Argentina y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria una serie de allanamientos en las ciudades correntinas de Mercedes y Paso de los Libres, que derivaron en la detención de once personas acusadas por desarrollar tareas de almacenamiento, comercialización y distribución de estupefacientes. En esa ocasión resultaron apresados los hermanos Sergio y Oscar Salgán, quienes habían sido condenados a 17 años de prisión como partícipes necesarios en el secuestro extorsivo del estudiante Cristian Schaerer, ocurrido en 2003.
Los elementos de prueba recolectados durante la pesquisa -que incluyeron intervenciones telefónicas y tareas de campo, entre otras- permitieron identificar a Cleomar Krewer Ramos, de nacionalidad brasileña, como el organizador de la estructura delictiva, es decir, el encargado de realizar las conexiones y comunicaciones con distintos proveedores de estupefacientes -marihuana y cocaína- que, una vez adquiridos, pasaban a manos de quienes efectuaban la venta al menudeo, incluso bajo la modalidad “delivery”, en sus motos y vehículos.
“Se encuentran sustentados probatoriamente los elementos que dan base al hecho precedente en el delito de lavado de activos”, indicó la Cámara Federal de Corrientes.
La cocaína provenía de Buenos Aires y era trasladada a través de automotores particulares o encomiendas a Paso de Los Libres, y luego a Mercedes. Otra alternativa era obtenerla desde la República del Paraguay -vía Formosa- en sistemas de encomienda y desde ahí a Mercedes, para luego ser distribuida en diferentes puntos de la provincia como Bella Vista, Goya y Curuzú Cuatiá. 
Usaban nombres falsos para el sistema de encomiendas de tal forma de garantizarse la imposibilidad de su posterior identificación. Diversas intervenciones telefónicas dan cuenta además que el jefe de la organización era constantemente alertado sobre posibles operativos de las fuerzas de seguridad y policiales. Con el paso del tiempo y las ganancias obtenidas por la actividad desplegada, la organización logró fortalecerse, adquiriendo una posición consolidada.
Ello motivó que, en paralelo, personal de la PSA efectuara el análisis patrimonial, que concluyó que los imputados no podían justificar el patrimonio que ostentaban -vehículos, inmuebles- sino a partir de su intervención en las actividades ilícitas vinculadas al tráfico de estupefacientes. De hecho, en las presentes actuaciones se logró establecer la utilización de “testaferros” o “prestanombres” para introducir al sistema económico formal las ganancias obtenidas en la actividad ilícita precedente.

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