El presidente Alberto Fernández promulgó ayer la ley modificatoria del impuesto a las ganancias, sancionada recientemente por el Congreso, y declaró que, además de “resolver el poder adquisitivo de más de un millón de trabajadores y jubilados” que dejarían de pagar ese tributo, su objetivo es tornar “más progresivo” el sistema impositivo, “haciendo que paguen más los que más tienen”.
La promulgación de la norma fue anunciada durante un encuentro realizado en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, que contó con la presencia de altos funcionarios, legisladores e intendentes del oficialismo, que ofrecieron el marco de un virtual acto de campaña, en el que no faltaron cuestionamientos a la oposición por su resistencia a las medidas gubernamentales para restringir la educación presencial en el área metropolitana de Buenos Aires.
Detrás de las palabras del jefe del Estado referidas a la supuesta progresividad del sistema tributario, se advierte una vez más la ideología que predomina en la coalición gobernante: gravar con más impuestos a las grandes empresas y a los trabajadores con sueldos más elevados es exhibido como una reivindicación justiciera o robinhoodiana que no considera el daño que se les puede hacer a la inversión y a la creación de empleos. Paralelamente, el Gobierno insiste en mirar para otro lado a la hora de propiciar recortes en el gasto público improductivo para reducir el déficit fiscal primario.
La norma promulgada ayer contempla el establecimiento de una deducción especial para provocar que no paguen ganancias quienes tengan un salario bruto mensual de hasta 150.000 pesos, cifra que se actualizará anualmente según la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Como la vigencia de la ley será retroactiva al 1º de enero de este año, habrá una devolución de los importes ya abonados por Ganancias a aquellos trabajadores o jubilados beneficiados por la nueva deducción. Del mismo modo, se excluye del cálculo de este tributo a los aguinaldos de quienes tengan un salario no superior a 150.000 pesos.
Sin embargo, al no modificarse las escalas del impuesto, la nueva ley provocará que quienes sigan tributando ganancias lo hagan, en principio, con las alícuotas más elevadas de la tabla, lo cual implica una pérdida de progresividad.
El otro aspecto redistributivo guarda relación con la manera elegida para compensar la merma de recaudación que sufriría el Estado por la reducción del impuesto a las personas físicas, y que se estima en alrededor de 48.000 millones de pesos. Para resarcirse de esa pérdida, la idea original del Gobierno era subir el impuesto a las ganancias a las sociedades, que actualmente grava a la casi totalidad de las empresas con una alícuota del 30 %, llevándola al 35 % para aquellas con utilidades superiores a los $2,6 millones por año. No obstante, esta iniciativa fue finalmente modificada: la girada días atrás al Congreso por el Poder Ejecutivo propicia la aplicación de una alícuota del 25 % a las empresas que tengan ganancias de hasta $5 millones anuales; del 30% a las que ganen entre $5 millones y $20 millones, y del 35 % a aquellas con utilidades superiores a los $20 millones.
Al justificar anteayer en la Cámara de Diputados este proyecto, la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, ofreció una visión refutable cuando señaló que las bajas de impuestos solo habrían derivado en “una mayor concentración de la riqueza y una mayor orientación de ese excedente a la valoración financiera, no productiva”.
Se trata de posiciones que se contraponen con el sentimiento de la inmensa mayoría del empresariado, que sabe muy bien que la Argentina tiene una enorme desventaja competitiva para atraer inversiones, que pasa por la elevadísima presión impositiva sobre las empresas, solo superada en el mundo por las islas Comoros.
Sin seguridad jurídica, sin instituciones sólidas, sin previsibilidad económica y sin apreciable voluntad de nuestros gobernantes por achicar el gasto improductivo y disminuir el déficit fiscal, la reforma del impuesto a las ganancias no resolverá nada. Es probable que los trabajadores y jubilados que quedarán exceptuados de pagar ese tributo aumenten algo, en los primeros meses, su poder de compra. Pero los escasos incentivos impositivos a las pymes, junto a la mayor presión tributaria para las empresas más grandes y las circunstancias del país, no estimularán la inversión ni la producción, al tiempo que potenciarán la inflación, castigando paradójicamente a quienes se busca beneficiar.
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