La tercera edición anual del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), elaborado por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, la empresa de consultoría especializada en riesgos globales, determinó que la lucha para combatir la corrupción en América Latina experimentó una nueva ola de retrasos. La pandemia global de coronavirus llevó a gobiernos y ciudadanos a desviar su atención hacia otras prioridades, a pesar de los numerosos escándalos de alto perfil.
El índice CCC evalúa y clasifica a 15 países latinoamericanos en función de su capacidad para descubrir, sancionar y prevenir la corrupción. Para ello se basa en datos públicos disponibles, así como en una encuesta entre expertos de la región que evalúan una variedad de factores, incluidas la independencia de los organismos judiciales, la cantidad de recursos para combatir la delincuencia, la fortaleza de las instituciones democráticas y la libertad de los periodistas de investigación.
Se determinó así que cinco de los 15 países evaluados registraron disminuciones significativas en sus puntuaciones, siete no presentaron cambios y tres aumentaron de manera notable. Encontró también que los dos países más grandes de América Latina, Brasil y México sufrieron algunas de las caídas más bruscas. Por segundo año consecutivo, Uruguay encabeza el índice con la puntuación más alta (7,80/10), seguido de Chile (6,51), Costa Rica (6,45), Perú (5,66), Argentina (5,16), Brasil (5,07), Colombia (4,81), Ecuador (4,77), Panamá (4,55), la República Dominicana (4,38), México (4,25), Paraguay (4,08), Guatemala (3,84), Bolivia (2,43) y Venezuela (1,40).
De acuerdo con el informe, Brasil registró una baja del 11 por ciento en la categoría de democracia e instituciones políticas, donde el estado de relaciones Ejecutivo-Legislativo fue un factor clave. En cuanto a México, su puntuación cayó un 7% en 2021 y, en este caso, pesaron variables como las que miden la independencia de la fiscalía general y de las agencias anticorrupción.
Por el contrario, la República Dominicana fue uno de los países que más mejoraron –del 13 al 10– al darse avances significativos en la categoría de capacidad legal, debido al fuerte impulso anticorrupción dado por el presidente Luis Abinader. La última posición del ranking vuelve a ser de Venezuela, señalándose que el régimen de Nicolás Maduro ha tenido un declive constante en su capacidad jurídica y falta de transparencia. Si bien la Argentina subió del sexto al quinto puesto en el ranking, la percepción de un aumento de la politización del Poder Judicial y de las instituciones anticorrupción durante el gobierno de Alberto Fernández impactó en su capacidad jurídica. Organismos de control internacionales manifestaron su preocupación por la supuesta influencia que la vicepresidenta Cristina Kirchner, imputada en múltiples investigaciones relacionadas a la corrupción, ejerce sobre el Poder Judicial.
Según los expertos en corrupción, la pandemia ha ampliado las oportunidades para que los funcionarios públicos en América Latina saqueen las arcas estatales. Al declarar el estado de emergencia, varios países suspendieron algunas regulaciones que rigen los contratos públicos, acotaron o suspendieron las sesiones del Congreso de manera presencial o eliminaron las reglas que les exigían responder a las solicitudes de información de los medios. La corrupción ha sido históricamente un obstáculo para América Latina, minando el crecimiento, la democracia y la gobernabilidad. La pandemia de covid-19 ha agravado la situación y, para combatirla eficazmente, se requerirán instituciones sólidas e independientes, el pleno derecho a la información, especialmente en materia presupuestaria, y la transparencia no solo en las contrataciones públicas, sino en todos los actos de gobierno que aseguren que los recursos públicos se aplican al destino asignado. La región ha comprobado en reiteradas ocasiones que los efectos de una corrupción extendida son letales.
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