Garantizando el derecho a la salud en Argentina

Por Silvia Zarza

Abogada egresada de la Unne, directora de Zarza & Asociados. 

Especial para El Litoral

El sistema de salud prepago en Argentina ha sido objeto de intensos debates y preocupaciones en los últimos tiempos debido a una serie de medidas gubernamentales y prácticas de las empresas de medicina prepagas que han generado malestar entre los usuarios. En esta nota, examinare a detalle estas medidas y prácticas, así como las responsabilidades que recaen sobre las empresas de salud prepagas en el país.

Análisis de las medidas gubernamentales:

En el mes de diciembre del 2023, apenas asumido el nuevo presidente de la Nación, se pone en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023.

Por ese DNU se desregulaba el sistema de salud en nuestro país.

Se ponía en plena vigencia la libertad de contratación para la cobertura de salud, y se largaba al mercado, el libre juego de oferta y demanda, de un derecho fundamental de las personas cual es la salud, reconocido en numerosos acuerdos, pactos y tratados internacionales de raigambre constitucional.

A partir del 31/12/2023, como regalo de fin de año, más del 75% de las personas afiliadas empresas de medicina prepagas, recibieron un correo electrónico por el que, por aplicación del mencionado DNU, comunicaban que, en el mes de enero del 2024, las cuotas tendrían un aumento de alrededor del 40%, a lo que se sumó otro aumento del 20% sobre fines de ese mismo mes y finalmente otros 20% para febrero y otros 20% marzo y otros 20% más en abril. –

Para abril, la desregulación, llevó a los afiliados al escandaloso pago de más del 120% de aumento de las cuotas, con todas las consecuencias lógicas de tal desproporción.

El fundamento era el atraso en los valores que, por controles estatales, venían cobrando, a la vez que se traducía en falta de pago o pagos atrasados a los prestadores de los servicios.

Muchos de los afiliados a las empresas de medicina prepagas son jubilados, que incluso cobran un haber que no supera una mínima de ANSeS (en abril $241.000), a su vez las cuotas del mes de abril en algunas de esas prepagas ya superaban los $250.000

Semejante desproporción motivó la reciente orden de retroceso en los aumentos de las cuotas de las empresas prestadoras de servicios de salud, si bien se presenta como un intento de corregir los excesos, plantea importantes interrogantes sobre su efectividad y sus posibles consecuencias a largo plazo.

Por otra parte, las objeciones planteadas por esas empresas, entre otras, son que si se ven obligadas a ajustarse estrictamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) como plantea el gobierno, ¿cómo garantizarán la calidad y accesibilidad de los servicios médicos? Ellas plantean que de aplicar esta medida podría afectar la capacidad de las empresas para invertir en infraestructura y personal, lo que podría tener un impacto negativo en la atención médica ofrecida a los usuarios.

De todos modos, es sumamente cuestionable la legitimidad de los aumentos, por desmedidos y por su origen, basados en un DNU fuera de los expresamente autorizados por el art. 99 inc 3 de la Constitución Nacional, y por lo tanto debe declararse inconstitucional y nulo, como lo están haciendo numerosos juzgados federales de todo el país, Chaco, Formosa, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, se suman diariamente al dictado de medidas cautelares ordenando a las empresas de medicina prepaga, retrotraer el importe de la cuota al mes de diciembre del 2023.

Implicaciones legales y medidas cautelares:

En esta semana hubo gran tensión entre las empresas y el gobierno, razón por la cual se resolvió investigar a las misma a través de la oficina de defensa de la competencia por el posible tráfico de información para la formación de precios, a la vez que se formalizo por medio de la Superintendencia de Seguros de Salud, un pedido de amparo con medica cautelar.

La medida cautelar presentada por la Superintendencia de Salud para exigir a las empresas de medicina prepagas que devuelvan el dinero cobrado de más, es una medida importante para proteger los derechos de los usuarios. Sin embargo, se debe encontrar un equilibrio que garantice una compensación justa para los usuarios sin poner en peligro la prestación de los servicios.

Responsabilidad de las empresas de medicina prepagas:

Estas empresas, también deben asumir su parte de responsabilidad en esta situación. Los aumentos excesivos y abusivos en las cuotas han generado un profundo malestar entre los usuarios y han puesto de manifiesto la falta de consideración hacia la situación económica de los afiliados. La falta de transparencia en la fijación de precios y en las políticas comerciales ha contribuido a la desconfianza y el malestar generalizado entre los usuarios. Es imprescindible que las empresas adopten prácticas más éticas y transparentes que respeten los derechos y necesidades de sus afiliados.

Por la medida cautelar las empresas de medicina prepagas deben proceder la devolución de alrededor del 70% de lo cobrado indebidamente a los afiliados.

En estas correcciones quedan excluidos los usuarios que se hayan dado de baja entre diciembre de 2023 y abril de 2024 lo que plantea importantes preocupaciones sobre la equidad y la justicia. Todos los usuarios tienen derecho a una compensación justa por los aumentos excesivos que hayan pagado, independientemente de su estado actual de afiliación. La exclusión de estos usuarios solo refuerza la percepción de que las empresas de medicina prepagas priorizan sus intereses sobre los derechos de los usuarios.

En resumen, el sistema de salud prepago en Argentina enfrenta importantes desafíos que requieren una atención urgente. Tanto las medidas gubernamentales como las acciones de las empresas de medicina prepagas deben ser objeto de un escrutinio crítico y una evaluación cuidadosa para garantizar que se protejan adecuadamente los derechos de los usuarios. Es esencial encontrar un equilibrio entre la regulación gubernamental y la responsabilidad corporativa para asegurar que el sistema de salud opere de manera justa, transparente y en beneficio de toda la población.

Lo más probable es que se necesite la intervención del estado hasta tanto las condiciones entre las partes sean lo suficientemente equitativas para que el libre juego de oferta y demanda, sea realmente libre y no deje a la parte mas vulnerable expuesta a quedar, como en estos casos fuera del sistema de salud, por no poder pagar una cuota que, más que correctiva está siendo abusiva.

Ojalá que, en los juzgados federales de Corrientes, también se haga justicia respecto a los reclamos de los afiliados frente a tan irrazonable y desproporcionado aumento del servicio.