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17-11-2012 04:00hs
EXPERIENCIAS PENOSAS
Sobre intervenciones federales y la falta de causa para ese “remedio”
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En lo que concierne al instituto de la Intervención, desde el ‘83 en adelante, el uso de la figura fue mucho más apegado a la Constitución que en sus precedentes históricos.  Corrientes y Catamarca encabezan el ranking de intervenciones con, al menos, 17 ingerencias federales fundadas en el artículo 6 de la Constitución Nacional.

Mario A. R. MidOn *

El anuncio de un senador nacional en el sentido de que habrá de presentar en esa sala del Congreso una iniciativa destinada a intervenir el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, amen de cosechar una suma de fundados rechazos, recreó en nuestra sociedad numerosas vivencias conectadas a lo que históricamente ha sido la “leyenda negra” de las intervenciones en la política argentina.
En relación a este instituto, que junto a los gobiernos de facto, el Estado de sitio y la Ley Marcial, marcaron a fuego la vida de la Nación en el período comprendido entre 1930 y 1983 -por fortuna- pero fundamentalmente por conquista del sistema democrático, ha habido un antes y un después.
En efecto, hasta el advenimiento de la democracia en la Argentina, esas figuras fueron sempiternas armas de opresión que salidas de su cauce emergencial, sirvieron para potenciar los dictados de circunstanciales gobernantes, antes que zanjar los problemas que supuestamente se querían resolver apelando a ellas.
Particularmente, en lo que concierne al instituto de la Intervención, desde el ‘83 en adelante, el uso de la figura fue mucho más apegado a la Constitución que en sus precedentes históricos. De ello da cuenta una estadística, revelando que otrora, en muchas ocasiones, el Congreso de la Nación fue un convidado de piedra en la decisión, pues la medida se adoptó sin su deliberación, sólo por el Presidente de la Nación. En razón de aquellos infortunios, el reformador del 1994, de manera puntual, impuso en la ley mayor argentina el mandato de que tal decisorio es atributo exclusivo y excluyente del órgano deliberante del sistema político, al que puede echar mano en su receso -a título excepcional- el Presidente de la Nación.
Para recordar experiencias penosas en la materia, basta con el registro histórico. En la praxis intervencionista -muy al uso nuestro- sobresalen las llamadas intervenciones “preventivas” de la década del ‘60, motorizadas para evitar que quienes habían sido electos en comicios populares asumieran los gobiernos de cinco provincias; otras, las intervenciones llamadas a cubrir “vacíos de poder”, una vernácula creación para resolver conflictos partidarios que afectaban al gobierno central. Así también, hubo intervenciones que se dispusieron para premiar a grupos sediciosos que se habían levantado contra las legítimas autoridades de una provincia. Tal el caso de la dispuesta en 1974 a la provincia de Córdoba.
Seguramente que cualquier cultor de la historia podría continuar enumerando otras exteriorizaciones de esos engendros patológicos de nuestra vida institucional, pero superada la instancia de aquellos procesos que tanto han golpeado al sistema republicano y al federalismo, huelga señalar que estamos en Corrientes. Una provincia que junto con Catamarca encabeza el ranking de intervenciones con, al menos, diecisiete ingerencias federales fundadas en la facultad prevista por el artículo 6 de la Constitución Nacional.
Y si decimos que estamos en Corrientes, es porque resulta necesario emitir un juicio acerca de la mentada intervención.
Convengamos ante todo que el efecto de ella sería devastador. Puesta a funcionar el Poder Ejecutivo Nacional nombraría a un comisionado quien, a su gusto y paladar, podría destituir a uno, a dos, a veinte, a cincuenta o, a todos los jueces de la provincia, designando en su reemplazo otros magistrados en comisión que cesan al concluir la intervención.
Mas allá de la inestabilidad institucional que semejantes cambios son capaces de producir, lo cierto es que la normalización definitiva recién se operaría luego de mucho tiempo, pues el estado provincial una vez recuperada su plena autonomía afectada por la intervención, debería regularizar con designaciones definitivas la posterior integración del Poder Judicial.
Todo ello, cuando de una lectura que seguramente no es aséptica, pero que para el caso toma distancia del mal llamado “remedio federal” anticipado, no existe causa alguna que justifique semejante intromisión.
Nuestro Poder Judicial con seguridad que tiene falencias. Pero todas ellas son susceptibles de corrección y mejoramiento. Ninguna -por su entidad- en las actuales circunstancias, emerge con nitidez como autosuficiente para que de un plumazo se borren las instituciones judiciales de Corrientes.
Empero, más allá de las razones técnicas que abonan la afirmación, solo podemos confiar en el sereno y meditado juicio de quienes tienen la llave para impedir que este intento pueda consumarse.
* Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional
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