Nación traslada la discusión docente a las provincias

El miércoles se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el Decreto N° 52/2018 que modifica la normativa reglamentaria de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo N° 26.075 de 2007. Establece una actualización automática del piso salarial de los docentes en todo el país. Como sucedió el año pasado, la discusión se trasladará a las provincias.

La norma tensó la discusión entre Ctera (a la cual a nivel local adhiere Suteco) y el Gobierno de Mauricio Macri. El Presidente firmó un decreto que quita poder a la central, ya que establece un representante por central en la mesa paritaria nacional, quitándole tres espacios a dicha organización sindical, la cual se muestra más crítica al gobierno de Macri.

La norma, además, establece un piso automático del salario docente. Este no podrá ser inferior al 20 por ciento por encima del salario mínimo vital y móvil, el cual hoy se ubica en 9.500 pesos y podría significar un haber de 11.400 pesos para los maestros este año. Si el mínimo no tiene movilidad en 2018, este podría ser el incremento final de los maestros que recién inician en la actividad.

El Gobierno nacional hace referencia al acta suscripta con las centrales docentes el 25 de febrero de 2016 como fundamento para establecer este incremento automático. Las centrales expresaron que no tendría tal valor, porque no habría sido el espíritu de dicha firma. Señalan que modifica el artículo 10 de la Ley Nacional de financiamiento educativo que expresa “el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente”. El Gobierno nacional, en tanto, utilizó su potestad de reglamentar la ley, modificando la reglamentación anterior, firmada por el entonces presidente Néstor Kirchner.

La automatización del piso generó el rechazo de las centrales, principalmente de Ctera. Incluso ya hubo réplicas a nivel local con declaraciones de sindicalistas quienes expresaron su preocupación por el no debate del salario mínimo de los docentes. 

Los gremialistas habían señalado que la discusión paritaria nacional se realiza con el fin de generar equidad, ya que antes de la ley de financiamiento educativo había disímiles salarios mínimos en las provincias. Así, las jurisdicciones con menos recursos abonaban menos que las que sí disponían.

La reciente normativa, no obstante, pareciera oficializar un escenario que se vio en 2017: la discusión se trasladó en gran parte a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El decreto coloca como fundamento la autonomía de dichas jurisdicciones.

Además, considera que “deviene necesaria la actualización del ámbito de discusión del convenio marco garantizando la equidad en la representación de todas las voces, con el fin de mejorar las condiciones generales de los docentes del Sistema Educativo Nacional, adecuando la normativa vigente y estableciendo nuevos criterios de relación”.

El decreto suprime la discusión del salario mínimo docente dentro del convenio marco con los representantes docentes que sí estaba estipulado en el decreto de 2007. No obstante, mantiene las demás condiciones mínimas de este debate:  el  ingreso a la carrera docente, promoción y capacitación, calificaciones del personal; régimen de vacantes; trámites de reincorporaciones; jornadas de trabajo; derechos sociales y previsionales; títulos; políticas de formación docente y capacitación en servicio; representación y actuación sindical, según consta en la normativa vigente desde el miércoles.

La norma se firmó en la antesala de las discusiones paritarias del año y luego de que el Gobierno nacional estableciera una meta de inflación del 15 por ciento para 2018, cuando se esperaba sea no mayor al 12 por ciento.

En el sector privado, los primeros sindicatos que irán a las negociaciones serán los bancarios y los empleados de comercio. También se espera que los docentes en las provincias lleguen a un acuerdo antes de marzo.

La normativa, además, establece que las “negociaciones deben ser de buena fe”. Esto incluye la obligatoriedad de la concurrencia a las mesas y a las audiencias de las partes, reuniones periódicas, y la representatividad de los sindicatos.

En Corrientes, en tanto, están a la espera de una reunión con autoridades locales. Los gremialistas prevén un encuentro, posiblemente en las próximas semanas.