Las denuncias de corrupción salpicaron al cine nacional y desde el sector audiovisual encendieron las voces contra una posible intervención que afectaría a la industria. En este marco, creadores correntinos defienden el espíritu autárquico del Incaa y coinciden en la necesidad de continuar con el fomento federal para reforzar la producción de cine local. 

Por Roxana Feldman (@roxifeld)

El cine nacional está en estado de alerta luego de que Pablo Avelluto, ministro de Cultura de la Nación, haya removido a Alejandro Cacetta, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) motivando la posterior renuncia de Pablo Rovito, rector de la escuela de Cine argentino (Enerc), en medio de denuncias de corrupción y acusaciones de vaciamiento.

Camilo Gómez Montero, Licenciado en Realización de Cine y TV por la Universidad de La Plata; Sebastián Toba, Licenciado en Comunicación Social por la Unne y Benjamín Delgado, Diseñador de Imagen y Sonido por la Universidad de Buenos Aires, todos con producciones de arraigo cultural regional, charlaron con ellitoral.com.ar sobre una problemática global que afecta a la producción local.

Uno de los creadores más tajantes fue Toba que no titubeó en considerar que este panorama es “aberrante” y que las decisiones políticas que viene tomando el gobierno nacional en torno al mundo audiovisual son peligrosas para la continuidad de su crecimiento. 

Así nombra como antecedente inmediato las modificaciones que dispusieron en diciembre del año pasado sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (N° 26.522) y la eliminación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la creación, en su reemplazo, del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Básicamente estas decisiones volvieron abstractos los planes de adecuación a la ley de medios de la mayoría de los grupos y empresas que habían sido afectados, frenando su aplicación en todo el espectro audiovisual. 

VIDEO VIRAL. Actores y actrices argentinos en defensa del cine nacional.

“Ahora van por el Incaa y las políticas culturales”, manifiesta Toba y ejemplifica su aseveración señalando que a “Rancho Aparte”, la productora donde trabaja, le “afecta un montón”. El freno de planes de fomento federales, entorpeció la “liberación de fondos” que habían ganado por concurso para “financiar una película y una serie de documentales”, por lo que su producción está en vilo y a la espera de resoluciones. 

En este sentido remarca que la asistencia al sector no solo sirve para financiar los productos audiovisuales sino para la “profesionalización” de todos sus trabajadores que, según estadísticas que cita Gómez Montero “son más de 100 mil puestos al año”. “Queremos seguir produciendo desde Corrientes, desde la región. Es trascendental defender las instituciones, la autarquía de un instituto vital como es el INCAA para el desarrollo y la continuidad del cine nacional”, cierra Toba. 

Camilo Gómez Montero es uno de los fundadores de Payé Cine y una de las figuras más influyentes del cine regional. Conocedor del medio audiovisual y su funcionamiento, explica lo que, según su percepción, es el origen de la campaña de desacreditación al Incaa como institución: su forma de financiamiento.

Así aclara que, “el Instituto se autofinancia, no le quita recursos a los jubilados, ni a la educación, ni a la salud pública. El 65% de sus recursos provienen del canon que pagan los canales de TV por utilizar las frecuencias que pertenecen al Estado, y que aportan el 0,5% de lo que facturan por publicidad. Cerca del 30% restante que recibe el Instituto proviene del dinero de las entradas de cine”, comienza explicando.

En términos estadísticos, estas cifras arrojan unos “1.300 millones de pesos anuales” destinados “al cumplimiento efectivo de la Ley de Cine” que establece que, de esos fondos, “la mitad del dinero sea destinada al Fondo de Fomento para la producción de películas (unas 120 por año)” y la otra mitad “al mantenimiento y crecimiento de la ENERC; a sus nuevas sedes en el “interior” del país; a toda la planta del Instituto; a los Festivales de Cine; al Canal INCAA TV y a las 36 Salas INCAA en toda la Argentina”.

Removidos Cacetta y Rovito del tablero audiovisual , Camilo asegura que el próximo paso es la “intervención” que afectará a “toda la industria”, desde directores a técnicos, pasando por productores y actores. Todo por un plan de “reforma impositiva” que estaría impulsando el Gobierno y que incluiría “quita de subsidios al Incaa y la de los cánones que pagan los canales de TV por utilizar la frecuencia estatal”. 

En términos más reflexivos y profundos, Benjamín Delgado considera “que lo más importante es que la gente comprenda que no hay cine sin una política de Estado que lo apoye” y en este sentido es imprescindible que exista “una clara decisión política” de sostenerlo y de hacerlo crecer. Y es ante este panorama desalentador que se enciende la alerta, porque, si de cumplirse las predicciones, en este momento histórico “se está jugando la vida y el futuro” del cine argentino, como consideró Gómez Montero.

Y “una sociedad sin cine, sería una sociedad planchada”, enfatizó Delgado. “El cine es parte y hace a la cultura y a la identidad de cualquier sociedad. El cine tiene la capacidad de convertir en historias la vida de personas verdaderas, de esas personas que nos rodean en el día a día. Y eso se retroalimenta, va y viene. Sin cine no habría variaciones, todo sería estable, seguro, donde nada se modificaría”, sintetizó sobre lo que está en juego. 

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