Vivos los llevaron, vivos los queremos”. Esta breve frase marcó buena parte de la historia reciente de nuestro país. Resume el reclamo de madres y familiares de miles de argentinos que, en algún momento, durante los años más violentos de la dictadura, fueron detenidos por fuerzas estatales y sustraídos del legítimo proceso, pasando a integrar la nefasta condición de detenidos desaparecidos. Cuarenta años después, y con una enorme cantidad de protagonistas de aquellos días aún vivos, el país no logra encontrar el camino correcto para que, sin olvidar lo ocurrido, se pueda seguir adelante como lo hacen otras sociedades que han atravesado traumas parecidos o incluso peores que el que nos tocó soportar.
Políticamente correcto resulta decir, ante la permanente discusión sobre el número de desaparecidos, que uno o 30 mil es igualmente grave. Eso es muy cierto, excepto cuando desde los organismos de derechos humanos se reclaman precisiones sobre el destino de los que no están. Obviamente, para este específico reclamo, se debería entender que no será posible ponerles fin a 30 mil búsquedas si hubo una cifra significativamente menor de víctimas. No es ideología, es un tema matemático.
Aquellos que en la década del setenta vivieron en virtud de su edad no necesitan que nadie les cuente nada y los que no la vivieron se han posicionado en virtud de la información disponible y sus propias conclusiones. Sería hipócrita negar que, con matices, existen dos posiciones en buena parte de la sociedad respecto a lo que pasó. También podría razonablemente afirmar que nadie en su sano juicio acepta por estos días ninguna justificación a la muerte de personas que se encontraban detenidas y desarmadas, ni mucho menos que se hubiera suprimido o alterado la identidad de centenares de chicos nacidos durante el cautiverio de sus madres.
Nadie puede responder ¿cuándo empezó todo? ¿cuál fue el primer día, el primer hecho, el primer acto que nos llevó a lo que ya sabemos que sucedió? Sin tener obviamente la respuesta a estos interrogantes, seguramente nadie querría volver a repetir la historia.
Cuarenta años después, es todo un orgullo transitar el período más largo de democracia ininterrumpida en nuestra historia. También, se sabe que los golpes militares son algo impensado no sólo en el país sino en toda la región, y que, además, las más feroces riñas políticas se dirimen en el Congreso, en los medios, en las marchas, en los cortes, en los actos y en las urnas, pero que los unos y los otros, luego del debate de ideas o de la chicana de bajo nivel, vuelven a sus casas y duermen en su cama.
Al menos así era hasta ayer nomás. “¿Dónde está Santiago Maldonado?”. Como si hubiéramos despertado de la siesta con una bofetada, nos encontramos de repente con una situación que incluye a mapuches que no en todos los casos son mapuches, un grupo “terrorista” que se llama RAM, enfrentamientos de fuerzas federales de seguridad con personas que reclaman como propias tierras que están en manos de otras personas, con un reclamo de independencia territorial para crear una nueva nación y, para colmo de males, con un “detenido desaparecido”.
Resulta repugnante ver el uso político que desde los más acérrimos recovecos de la oposición se le está dando a este desafortunado hecho al tratar de establecer un paralelismo de la actual desaparición del artesano con lo ocurrido en el país entre 1976 y 1983. Pero también es preocupante la absoluta impericia que hasta aquí han venido demostrando los responsables de la seguridad nacional.
A decir verdad, el Gobierno parece aturdido por este duro golpe. Tiene que reaccionar y seguir trabajando para que este caso se esclarezca. 

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