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/Ellitoral.com.ar/ Barrios

Entre 2011 y la actualidad hubo más de 15 tomas e intentos en diversos barrios

VIRGEN DE LOS DOLORES. Sobre la calle Gutnisky al 3400 todavía hay decenas de familias viviendo en precarias casillas.

En el último lustro las usurpaciones ilegales de terrenos fueron una constante en los baldíos y zonas desocupadas de los barrios capitalinos y acapararon la atención tanto de los medios como de las autoridades gubernamentales debido al modo de ingreso masivo de cientos de familias en simultáneo. Los casos más llamativos se registraron en 2012 cuando miles de usurpadores tomaron unas 43 hectáreas en el barrio Pirayuí y que posteriormente tuvo réplicas en las barriadas de Galván y Quilmes, así como otros intentos infructuosos en distintos puntos de la Capital que en total contabilizan unos 16 hechos ilegales.

A su vez, con el correr de los años hubo otras usurpaciones donde se involucraron menos familias pero que hasta ahora se encuentran asentados en el lugar casi consolidados, como en los barrios Virgen de los Dolores, Patono y 17 de Agosto. Este año hubo ocupaciones ilegales en las zonas de San Roque Este, Nuevo y Esperanza.

 A mediados del 2011 unas 44 familias ingresaron a terrenos municipales ubicados en el barrio Ciudades Correntinas, más precisamente sobre la calle Trento, y desde entonces consolidaron sus viviendas con materiales y conexiones precarias de servicios.

Pero fue en 2012 donde se registraron múltiples usurpaciones de terrenos en distintos puntos de la ciudad con miles de familias involucradas, lo que acaparó la atención de los medios nacionales y dirigentes políticos que se dirigieron hacia la ciudad. En julio de ese año, unas 2400 familias ingresaron intempestivamente a unos 43 hectáreas del barrio Pirayuí siendo hasta el momento la toma más grande registrada en Corrientes.

La usurpación tuvo sus imitaciones en los barrios Galván (sobre la calle Alberdi al 2500) y en el Quilmes (entre las calles Garay y Hernandarias) donde cientos de ciudadanos tomaron terrenos privados. Ese mismo año hubo intentos de tomas en los barrios La Chola y Patono, pero que fueron desactivados por la Policía de la Provincia o vecinos.

En tanto, en 2013 hubo una ocupación ilegal en el barrio San Marcos (sobre la avenida La Paz), pero luego se retiraron tras conversaciones con los propietarios. En 2014 los intentos fueron en barrio Quilmes (sobre la calle Hernandarias al 3000), aunque luego optaron por retirarse.

El año pasado volvieron a recrudecerse las usurpaciones: el 18 de abril unas 150 familias ingresar a los terrenos de la calle J. R.Vidal al 3800 y actualmente continúan viviendo en el lugar, en viviendas de materiales y con servicios informales. A su vez, Posteriormente, unas 150 familias usurparon los terrenos del barrio Virgen de los Dolores situados en la calle Gutnisky 3400 permaneciendo hasta la actualidad.

En 2015 también hubo usurpaciones en el barrio 17 de Agosto (sobre baldíos de la calle Las Heras al 5000) y en el Popular, donde todavía permanecen. A su vez, en las inmediaciones del Jardín Botánico un grupo de ciudadanos intentaron asentarse en predios, pero fueron persuadidos de no hacerlo.

Este año, los movimientos okupas volvieron a reiterarse en los terrenos baldíos de algunos barrios: en los primeros días de abril unas 80 familias ingresaron a los terrenos ubicados sobre la calle Sánchez de Bustamante al 2800; el 8 de mayo unas 130 familias aproximadamente ingresaron a los predios del barrio San Roque Este entre las calles Pablo Neruda y N° 490 y actualmente permanecen allí, mientras que semanas atrás unos 5 grupos familiares tomaron ilegalmente igual número de viviendas que la Municipalidad construye en el barrio Esperanza. Los tres casos poseen denuncias en la Justicia que están siendo analizados.

Tanto desde el Gobierno de la Provincia como desde la Municipalidad capitalina manifestaron en reiteradas oportunidades que en la mayoría de los casos, las usurpaciones responden a cuestiones políticas o a personas inescrupulosas que usurpan los terrenos privados o públicos para convertirlo en un negocio, perjudicando a las personas que verdaderamente necesitan un predio o una vivienda.

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