Odebrecht: Brasil reafirmó que supedita al respeto de sus leyes el envío de pruebas a otros países

La Procuraduría General de Brasil reafirmó hoy, a través de una comunicación oficial, que Brasil "no está autorizado a enviar pruebas" aportadas por la constructora Odebrecht a otros países ni tampoco a habilitar la toma de testimonios "sin una imposición de límites al uso de la prueba voluntariamente ofrecida" por los colaboradores.

"Si las condiciones exigidas por la ley brasileña -permitidas por los tratados internacionales y derivadas de los principios de derecho internacional- no son aceptadas por el Estado solicitante, por imposibilidad legal conforme a la ley de ese país, el Estado brasileño no puede, con base en sus propias leyes, entregar las pruebas al Ministerio Público solicitante", explicó el secretario de Cooperación Internacional del organismo, Vladimir Aras.

Bajo el título "Nota de esclarecimiento sobre cooperación internacional en el caso Odebrecht", la Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República de Brasil indicó que, hasta el momento, recibieron 80 pedidos de colaboración jurídica internacional, y que "el objetivo de los ministerios públicos extranjeros o de los juzgados de instrucción, antiguo sistema que todavía persiste en Argentina, por ejemplo, es determinar los delitos ocurridos en sus jurisdicciones".

"La entrega de pruebas a los Estados requirentes debe respetar los principios de la especialidad, de la amplia defensa y de la buena fe. Eso no significa, sin embargo, que los países solicitantes deban conceder inmunidad o beneficios ilegales a los colaboradores. Significa apenas que Brasil no está autorizado a enviar al exterior pruebas proporcionadas por los colaboradores, ni autorizar la toma de testimonios de esos mismos colaboradores sin la imposición de límites al uso de la prueba voluntariamente brindada por ellos", indicó el Ministerio Público Fiscal brasileño.

Así lo hizo en una comunicación aclaratoria dada a conocer hoy a través de la página web del organismo, en la que buscó aclarar los alcances de los acuerdos de cooperación de manera general, en momentos en que, en el marco de un encuentro de fiscales del Mercosur que se desarrolla desde el miércoles en Buenos Aires, la Procuración General a cargo de Alejandra Gils Carbó busca avanzar en la definición de acuerdos de cooperación con su par de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, tendientes a facilitar la obtención de información sobre el pago de sobornos en la Argentina revelado por Odebrecht.

"Muchas de esas conductas sólo se revelaron gracias a acuerdos de colaboración premiada firmados entre el Ministerio Público Federal brasileño y 77 ejecutivos de la empresa en diciembre de 2016", indicó el comunicado de la Procuración brasileña que, a la vez, remarcó que "sin estos acuerdos de colaboración premiada y los dos acuerdos firmados con Braskem y Odebrecht, tales delitos permanecerían incógnitos o con pruebas nunca conocidas".

Además, el organismo precisó que 16 de esos 77 testimonios se refieren a hechos ocurridos en otros países, y aclaró que la Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuración General de Brasil es "responsable de la verificación de las condiciones legales, basadas en la ley brasileña y en los tratados vigentes, para el intercambio de pruebas".

En este sentido, el Ministerio Público Fiscal brasileño señaló que su país debe "respetar la Ley de Crimen Organizado y la Ley Anticorrupción en lo que se refiere a los acuerdos de colaboración premiada y lenidad", como así también "hacer valer los tratados internacionales vigentes, sean bilaterales o multilaterales, que autorizan tales condiciones".

"De igual modo, el Ministerio Público Fiscal debe cumplir los acuerdos que firmó con los investigados, acuerdos éstos debidamente homologados en juicio", subrayó el organismo.

De esta forma, puso el acento en la necesidad de garantizar que, en el país que requiera la información, sean respetadas las condiciones de la delación premiada para personas físicas y también para personas jurídicas, es decir que la empresa pueda seguir operando tras del pago de una multa.