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/Ellitoral.com.ar/ Derechos Humanos

Días históricos en una provincia considerada conservadora

El matrimonio igualitario es legal en 23 países del mundo, el primero fue Holanda, en septiembre del año 2000, el último Alemania hace cuatro días. Argentina fue el primero en Latinoamérica en julio de 2010. 

Antes de la aprobación en este país, hubo varios debates en torno a este derecho. En Corrientes, se dio lugar al diálogo el 11 de junio hace siete años atrás. En la Legislatura provincial se desarrolló la audiencia pública sobre el proyecto modificatorio de artículos del Código Civil. Ese día, convocados por la Iglesia Católica, un grupo de fieles se presentaron con pancartas y hasta un escenario con oradores y música, a favor de la figura de la familia integrada por “mamá y papá”.

Estuvieron presentes funcionarios locales del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), activistas sociales, particulares e integrantes de la comunidad gay local. Unos 37 oradores acreditados dejaron sus apreciaciones. 

Luego de la aprobación, el 22 de agosto de ese mismo año, en el Registro Civil se selló el ansiado casamiento entre Roberto Sánchez y Dennis De Buyst, inaugurando así la nueva Ley de Matrimonio Igualitario consumado en Corrientes.

Además de las más de 170 uniones civiles en la provincia, también en diciembre del año pasado se logró la autorización de la Justicia de la adopción de integración plena a matrimonio igualitario. El Juzgado de Familia Nº 1 dictó dos sentencias en las que cada una de las dos mujeres que conforman el matrimonio, promovieron la adopción de integración plena del hijo de su cónyuge.

Por otra parte, anteriormente, en el año 2015, el Instituto de Previsión Social de Corrientes (IPS) autorizó por primera vez el cobro de una pensión en el marco de un matrimonio igualitario. La resolución, inédita en la provincia, permitió que la viuda de una jubilada pueda acceder al beneficio.

El secretario de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), Pedro Paradiso Sottile, comentó a un medio nacional: “Podemos casarnos, cambiar el registro de nuestros nombres de acuerdo a nuestra identidad de género, pero no tenemos una herramienta legal para enfrentar actos de discriminación y violencia por nuestra orientación sexual identidad y expresión de género. La modificación de la ley Antidiscriminatoria es una deuda de 29 años de la democracia para nuestra comunidad”.

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