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/Ellitoral.com.ar/ Derechos Humanos

Insisten en que la edad de punibilidad no debe bajarse

Espera. El proyecto de Nación para modificar el sistema penal juvenil podría ser enviado al Congreso después de octubre. ARCHIVO

Desde las organizaciones que trabajan en la temática de los derechos de la niñez insistieron en que la baja de la edad de imputabilidad no es una solución para ayudar a los chicos, ni terminar con la inseguridad. Destacaron el trabajo del Centro de Contención Juvenil, pero advirtieron que se trabaja con recursos limitados.

A mediados de julio el Gobierno nacional presentó un primer borrador que busca reformar la Ley Penal Juvenil, en el que se destaca la pretensión de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años para los delitos más graves (ver recuadro). Si bien el proyecto está todavía en proceso, generó el debate en todas las provincias y en Corrientes varias organizaciones que trabajan con la temática se pronunciaron en contra de disminuir la edad de punibilidad, más allá de coincidir en la necesidad de una reforma.

“Lo único que quería Nación era bajar la edad de imputabilidad, como si eso fuese la solución. Muchas organizaciones, inclusive Unicef y organismos especializados del propio Estado, han salido a contradecir esta posición. Hay pautas para elaborar una justicia penal juvenil en el ámbito de la Convención de los Derechos del Niño, pero no se prenden de eso”, afirmó a El Litoral el representante en Corrientes de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf); Aldo Fernández.

También la Asociación Pensamiento Penal (APP) Corrientes reiteró su posición opuesta: “Estamos a la expectativa de que el Gobierno decida publicar el proyecto oficial, en su momento la APP manifestó su posición al respecto, y se ha expedido al contrario de la baja de punibilidad a los 14 años”, comentó a este medio el referente de dicha entidad, Edgar Frutos. De hecho, desde ambas organizaciones fundamentan su postura en que el índice de delitos cometidos por menores de edad es “ínfimo”, en relación a la población de adultos (ver nota secundaria).

Contención y apoyo

Desde hace cinco años funciona en la localidad de San Cayetano el Centro de Contención y Recuperación para Menores y Adolescentes en conflicto con la ley penal. El espacio alberga a jóvenes de entre 16 y 18 años que tienen causas en la Justicia, y que por su edad no pueden estar encerrados en una cárcel común.

Para Frutos este es uno de los aspectos positivos del trabajo del Estado en la materia, ya que destacó la disminución en cuanto a cantidad de chicos albergados que se registró este último año. Patricia Nazer, presidenta del Copnaf, organismo que administra el Centro, aseguró que “hoy tenemos unos 12 chicos institucionalizados aquí, cuando antes llegaron a ser 20”.

Se trata de un avance debido a que el Código Civil establece un período máximo de tiempo en que un niño o niña puede estar institucionalizado. Tiempo que casi nunca se cumple por varios motivos, y que también funciona como argumento para que las organizaciones antes mencionadas refuercen su posición contraria a la baja de la edad de punibilidad.

“No tienen un psicólogo dentro del centro, y deben constantemente mover a los chicos para cada internación o asistencia médica, con todo lo que implica eso: un móvil, personal de custodia, es un trabajo dignificante de las autoridades del Centro. También coincide que la baja de punibilidad a 14 años puede tirar por la borda el trabajo que se está haciendo allí, sería abrir la canilla para que entren más chicos y no se pueda trabajar; apenas se puede con los chicos en edad punible”, manifestó Frutos.

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