Socializar esfuerzos, privatizar ganancias: una filosofía de gobierno

Por Jorge Eduardo Simonetti

jorgesimonetti.blogspot.com

Para El Litoral

Cristina dixit: “De Guatemala a Guatepeor” (10 de octubre).

El Estado no es una entelequia, es la organización común que nos debe brindar protección, justicia, seguridad, y que todos debemos contribuir a sostener. El dinero del Estado no es el dinero de nadie, es el dinero de todos.

Si las autoridades gubernamentales adoptan la decisión de que los usuarios de gas natural compensen a las empresas prestatarias por una desvalorización monetaria sobre consumos ya pagados, jurídica y políticamente es cuestionable.

Pero si esas mismas autoridades, en la enésima reculada, deciden que la compensación sea abonada por el Estado, es decir por todos los argentinos, los que tienen y los que no tienen gas natural (Corrientes), es doblemente inadmisible.     

Que los usuarios paguen a las empresas las variaciones en dólares sobre los precios mayoristas del gas, a raíz de la fenomenal devaluación de nuestra moneda, está revelando con total crudeza la filosofía central del gobierno de Cambiemos.

No se trata ya de un incremento en la tarifa sobre consumos futuros, sino de una peregrina “compensación” retroactiva que los consumidores debían hacerles a las empresas sobre consumos ya pagados y cancelados que van desde enero a septiembre de 2018, y que hoy lo harán todos los argentinos.

Recurrir a una ley que no se aplica desde 1992 para correr al rescate de las empresas distribuidoras de gas, nos muestra el núcleo motivacional de esta administración.

No se trata ya, estoy convencido, de una filosofía liberal de gestión, sino de una filosofía empresarial, que tiende a zanjar las cuestiones económicas en favor del eslabón más fuerte de la cadena.

Desempolvar una ley de hace más de 25 años, dictada en tiempos en que no había riesgos de devaluación por el uno a uno, para fundamentar una transferencia retroactiva de ingresos desde los bolsillos de la gente a los bolsillos de las empresas, es no sólo una chicana jurídica del Gobierno, sino una demostración cabal, ante una encrucijada, de las preferencias gubernamentales.

La segunda cuestión es la jurídica, y esto ha sido planteado con total claridad por el fiscal Marijuan en su denuncia. Lo que pudieran decir la ley o los contratos entre el Estado y las empresas, cede absolutamente ante principios jurídicos superiores, como lo es el “efecto cancelatorio” que tiene el cumplimiento oportuno de las obligaciones, es decir el pago que los usuarios hicieron de sus facturas en tiempo y forma.

Y el tercer ángulo de análisis es, definitivamente, el político. Con este tipo de medidas, antijurídicas e inoportunas, ¿siente la población en general que su gobierno está actuando equitativamente?

Lo peor que le puede pasar a Macri es la pérdida de confianza en el sentido moral de su labor. La población ha demostrado que está dispuesta a cargar con los desaciertos reiterados de su gestión, en tanto y en cuanto la misma se desenvuelva en los parámetros de la honestidad, de la equidad, de la justa distribución de cargas. Ya no le alcanza al Presidente el discurso de bondadosas intenciones, luego de casi tres años de mandato.

Si mal está que los usuarios de un servicio paguen una compensación retroactiva a las empresas, es peor que se haga cargo el Estado, usuarios y no usuarios, porque la tarifa es una contraprestación a un servicio, y los que no lo tienen (como nosotros los correntinos), de ninguna manera deben pagarlo.

Y aquí puede verse la filosofía central del Gobierno: privatizar ganancias (compensación a las empresas concesionarias) y socializar esfuerzos (pagan los que tienen el servicio y los que no también).

Si de socializar esfuerzos se trata, los habitantes del nordeste argentino estamos haciendo aportes importantes al equilibrio presupuestario, al ser privados de obras fundamentales para nuestro desarrollo, como el de la construcción del gasoducto, cuya no concreción fue anunciada hace algún tiempo.

¡Que generosos somos en Corrientes, sin gasoducto pero contribuyendo a compensar tarifas de gas natural que se utiliza en otras partes privilegiadas de nuestro querido país!

Por eso es adecuada la frase de Cristina: “De Guatemala a Guatepeor”. No en balde la ex presidenta comienza a perforar su techo en las encuestas que miden las intenciones de voto.

Resulta hoy paradójico advertir que Cristina utiliza en su provecho la misma receta que le permitió al Presidente mantenerse arriba en la preferencia electoral. Macri necesitó a Cristina libre y políticamente activa para que sea un faro permanente del recuerdo de una corrupción que no se quiere repetir.

Ahora es al revés, Cristina necesita como contraparte a Macri, porque a pesar de las causas judiciales que la cercan, las torpezas gubernamentales le están permitiendo, por primera vez desde que dejó la presidencia, subir en la consideración popular.

Es decir, Macri es a Cristina lo que Cristina es a Macri, una competencia viciosa entre la corrupción y la ineptitud, de la que nada bueno se puede sacar.

Desde los años treinta hasta los ochenta del siglo anterior, nuestro país fue escenario de la sucesión de gobiernos civiles y militares.

En los últimos treinta y cinco años, la alternancia asume una nueva forma, quizás no tan dramática como aquella, pero sí muy perjudicial para la sociedad, cual es la de gobiernos populistas (de derecha y de izquierda) con gobiernos torpes en la gestión económica y social.

Un campeón de la democracia como Raúl Alfonsín, tuvo que irse prematuramente del gobierno por la hiperinflación.

El populismo de derecha del peronista Carlos Menem, generó una acumulación de tensiones por la mantención del uno a uno, que le reventó en las manos a un gobierno incompetente como el de Fernando De la Rúa, que también tuvo que abandonar la Casa Rosada apenas transcurridos dos años de gestión.

El populismo de izquierda de los Kirchner incrementó de tal manera el déficit público que no fueron suficientes las curitas de Macri y la situación económica nos está acorralando.

Los aliados de Cambiemos tienen el mérito de haber probado con hechos lo que antes era pura teoría: que los empresarios, más aún los empresarios prebendarios que viven de concesiones del Estado, no sirven para gobernar un país. Y a esta altura ya no vale el trillado argumento de la “herencia recibida”.

Corrientes siempre pagó la nafta más cara y también la energía, obviamente para subsidiar a la Capital Federal y al conurbano bonaerense. Hoy deberá pagar el gas que consumen otros.

¿Se quejará Valdés? ¿Exigirá a cambio la construcción del gasoducto? O seguiremos, obedientes, siendo la variable de ajuste de los problemas del centralismo argentino.