Condenaron a una pareja dueña de un prostíbulo por el delito de trata de personas

Un matrimonio fue condenado a penas de 5 y 8 años de prisión respectivamente, por haber sido hallados responsables de haber privado de la libertad a mujeres de otras provincias, que luego eran explotadas sexualmente en un prostíbulo de la ciudad correntina de Virasoro. 

Los condenados son Lourdes Gularte y a su esposo, Néstor De Simón, quienes eran los dueños del prostíbulo Mami Lu. 

Las averiguaciones habían iniciado por la denuncia de una víctima, oriunda de Misiones, quien se había comunicado a la línea 145 para dar a conocer que le habían prometido un trabajo en una casa de familia, pero cuando llegó, la llevaron a un prostíbulo donde era obligada a mantener relaciones sexuales con clientes.

El debate se realizó en el Tribunal Federal de Corrientes tras una investigación desarrollada por el fiscal federal Fabián Martínez, de Paso de los Libres, con la colaboración de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, de la Procuración contra la Trata de personas y la Explotación Sexual (Protex). 

Con la representación fiscal de Carlos Schaefer, en el tribunal de los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni, llevaron adelante el juicio. 

El caso fue elevado a instancia de debate por la jueza federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, y comprende el rescate realizado en octubre de 2015 de al menos dos víctimas de trata que eran explotadas sexualmente en un prostíbulo llamado Mami Lu, ubicado en la Ruta Nacional 14, a la altura de la ciudad de Virasoro, a unos 40 kilómetros de Apóstoles. 

Denuncia e investigación: 

La trama fue advertida en marzo de 2015, a través de una denuncia anónima realizada a la línea telefónica 145, en la que una de las mujeres relataba los padecimientos sufridos tras ser sometida al ejercicio de la prostitución, aunque captada bajo la promesa de un trabajo diferente. 

La denunciante se trataba de una mujer oriunda de Misiones, quien dio a conocer que había sido captada por una organización de tratas que se aprovechó de su necesidad. 

En esa instancia contó su lugar de origen, su edad, que tenía un hijo y que necesitaba encontrar un trabajo. En su denuncia relató que debido a esas circunstancias conoció a la pareja que ahora irá a debate. Ellos la habían contratado como empleada doméstica. 

La denunciante se entrevistó con sus futuros empleadores y luego se trasladó hasta Virasoro, donde supuestamente debía trabajar en una casa de familia. Pero cuando llegó al lugar la situación cambió. Quienes la contrataron le quitaron el DNI y la obligaron a prostituirse en el local Mami Lu, ubicado en la ruta 14. 

Allí inició una investigación desarrollada con apoyo de la Gendarmería Nacional en el que se determinó que en el local nocturno mujeres en situación de extrema vulnerabilidad habían sido obligadas a ejercer la prostitución, con mínima o ninguna retribución económica. 

En octubre de 2015, al ser allanados el local, la casa de los administradores y la vivienda donde acogían a las víctimas, fueron rescatadas dos mujeres de la wiskería, en tanto que se halló una menor de edad en otro de los inmuebles.