Internet en las provincias, entre asimetrías y demandas de políticas públicas

Mariana Blanco

mblanco@ellitoral.com.ar

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  define la libertad de expresión como un derecho humano, por lo que mantiene una perspectiva universalista del derecho a la comunicación. Este derecho, desde una perspectiva de política pública, implica un rol activo del Estado. 

Autores, como el experto en derecho constitucional norteamericano, Owen Fiss, sostienen que no basta con no censurar, sino también con garantizar accesibilidad de los públicos a bienes culturales y a contenidos entendiendo que existe escasez de recursos, como, por ejemplo, el espectro radioeléctrico. El ex secretario de la Corte estadounidense fundamenta que, frente a la colisión de dos derechos, como pueden ser el de la libertad de expresión y el de la autodeterminación de los medios, debiera primar la del enriquecimiento del debate. Esto al referirse, específicamente, a la circulación de contenidos en el modelo broadcasting del Norte.

Si se traspola esta concepción al acceso a un servicio de interés público como Internet, no debiera primar la lógica del mercado, sino que se requiere de la intervención del Estado, por lo cual no bastaría únicamente con dar libertad de acción a las prestadoras porque se podrían acentuar asimetrías. En este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece en su Informe Libertad de Expresión e Internet como principios rectores el acceso, el pluralismo, la no discriminación y privacidad. Recomienda que para la construcción de una sociedad de la información que se centre en la persona, se requiere de la cooperación entre empresas, el Estado y las políticas públicas.

En Argentina, al menos cuatro de cada diez hogares tienen acceso a Internet a través de un servicio fijo. Esto no incluye conexiones por dispositivos móviles, el cual ha tenido una gran penetración. Según datos publicados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el servicio en las provincias oscila entre el 15,15 por ciento, que se registra en San Luis, y el 71,75 por ciento en La Pampa.

El acceso a Internet fijo en los hogares del país mantiene una tendencia creciente, aunque ha registrado una baja pronunciada en el primer trimestre de 2016, según datos de Enacom. Si bien, en apariencia, pareciera presentarse una evolución saludable, en las provincias aún se observan asimetrías tanto geográficas, como así en la dicotomía ruralidad/urbanidad y de infraestructura.

En relación con lo primero, es posible señalar que la menor proporción de acceso al servicio fijo se observa en las provincias del Norte, como Jujuy, Formosa y Santiago del Estero, cuya penetración no alcanza a un tercio de los hogares.

Sin embargo, establecer relaciones directas entre la idea de desarrollo y acceso, no es tarea sencilla. Corrientes, con el 36% de los hogares bajo la línea de pobreza, es el segundo aglomerado urbano del país con los mayores indicadores de vulnerabilidad socioeconómica y registra aproximadamente un tercio de penetración del servicio fijo de Internet en los hogares, superando a otras jurisdicciones con mejores indicadores socioeconómicos.

La posibilidad de acceso en relación con el valor del servicio aún mantiene un umbral alto de no asequibilidad en algunas provincias. Corrientes, La Plata y Santa Fe son los aglomerados urbanos con mayor restricción para la contratación de un servicio de Internet porque sus costos superan el 5 por ciento de sus ingresos familiares. En dichos centros, más del 40 por ciento de los hogares está por debajo del umbral de asequibilidad, según un informe de la Cámara Argentina de Internet (Cabase).

En cuanto al acceso a dispositivos tecnológicos, según el informe Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Indec, el 64,3% de 31 hogares urbanos del país contaba con acceso a una computadora, y el 75,9%, a Internet. No se observan grandes diferencias por regiones en cuanto a tenencia de computadoras y de teléfonos móviles, siendo los últimos los de mayor penetración. Esto implica que gran parte de los accesos se realiza a través de dispositivos móviles en los aglomerados urbanos, donde 7 de cada 10 personas utilizan el servicio.

En las zonas rurales, el acceso es menor. Por ejemplo, parte de la zona central de la provincia de Corrientes no cuenta con acceso a fibra óptica y la conectividad a Internet es prácticamente nula. Sin embargo, en Corrientes Capital, 8 de cada 10 personas tienen acceso, ya sea por dispositivos móviles o por computadora.

Además, existen diferencias en cuanto al tipo de tecnología. La Rioja es la provincia con menor conexión de fibra óptica del país. Sólo contabiliza 13 accesos con esta tecnología. Mientras, Buenos Aires registra 133.928 y Capital Federal, 35.535. Corrientes, con 888, según datos de Enacom.

Ante las asimetrías por ubicación geográfica, infraestructura, velocidad descargas y asequibilidad, el desafío recae en una visión de políticas públicas. El sociólogo canadiense Vincent Mosco plantea el desafío de gobernar la llamada “next internet” como servicio público, como si de agua o electricidad se tratara. Sin dejar de pensar la tecnología desde una mirada crítica.

Con antecedentes nacionales como la creación de Arsat, el Plan Nacional Argentina Conectada y la reciente Argentina Digital, como telón de fondo, varias provincias avanzaron con la creación de empresas estatales para la conexión de su territorio a la red federal de fibra óptica. La semana pasada Corrientes se sumó a este conjunto de jurisdicciones con la creación de una Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria (Sapem).

Misiones creó la Sociedad del Estado Marandú Comunicaciones que opera desde 2013 y brinda servicios de valor agregado.

Desde 2012 opera la sociedad anónima Enacom Chaco, que brinda varias prestaciones, entre ellas, de transmisión de datos. La sociedad anónima Refsa, de Formosa, opera desde 2011, según datos de Enacom.