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/Ellitoral.com.ar/ Sociedad

Violencia sexual: realidad invisibilizada y sin políticas públicas para erradicarla

Los abusos y violaciones a las mujeres son una constante muchas veces naturalizadas en el seno de las relaciones de pareja, familiares o de cualquier otra índole. Desde la Justicia aclaran que no existen cifras oficiales pero señalan que habría al menos 40 casos por mes. Dos profesionales hablan de la ausencia del Estado y la necesidad de acciones concretas. 

Por Melisa Vega

@_melijota

Marcada por la invisibilidad y el tabú, la violencia sexual es un tipo de violencia de género que no distingue clases sociales, edades ni razas. En Corrientes no existen cifras oficiales que revelen el número de mujeres que son víctimas de violaciones y abusos. Las que se manejan son “variables” y dependen de las denuncias que recogen las fiscalías provinciales.

Se estima que por turno (dura 15 días) hay un aproximado de 20 denuncias, lo que quiere decir que en un mes llegan 40 casos de abusos sexuales. Las edades también son una variable. En muchos casos se trata de mujeres adultas que exponen situaciones vividas por menores, como afirmó el fiscal Gustavo Robineau en diálogo con ellitoral.com.ar. Según su experiencia, sólo 5 de las 20 que llegan a cada fiscalía son mayores de edad y tienen menos de 40 años.

El entorno en el que se dan estas violencias es en la “extrema pobreza”. Hogares donde hay “hacinamiento” y varias personas durmiendo en la misma cama.  Para él es una cuestión que “a ese nivel socioeconómico está naturalizada”.

Natalia Rajoy es trabajadora social y diplomada en género y sexualidad. Afirmó que la violencia sexual es un problema de salud pública, como también una responsabilidad del Estado, que es el que “debe generar políticas públicas integrales para visibilizar esta cuestión”. Para ella se trata de “un delito que avasalla derechos, vulnera y va en contra de la integridad de la persona”.

Explicó que las mujeres pobres son las que están más expuestas a vivirlo porque no cuentan con las herramientas que las hagan tomar conciencia de lo que atraviesan. De entender que se trata de sus cuerpos y que ninguna otra persona puede invadirlos sin su consentimiento.

Rajoy es también integrante de la Línea 137 de Resistencia que atiende a mujeres víctimas de violencia. Haciendo una comparación de las realidades con la provincia vecina, aseguró que son muy disímiles ya que Corrientes no cuenta con políticas públicas que aborden la problemática desde una mirada integral.

Asimismo, el fiscal Robineau explicó que en la provincia no existe una red de contención para quienes sufrieron abuso sexual. Desde la Justicia se les ofrece información o ayuda a través del Centro de Monitoreo o el Refugio de Mujeres, pero “no hay un sistema que garantice el seguimiento o apoyo psicológico de contención”.

Al respecto, la trabajadora social apuntó a la necesidad de que los cuerpos interdisciplinarios que se encargan de la temática no naturalicen el hecho. Que dimensionen a la problemática desde la violencia de género y no al acto sexual como “un deber de la mujer en su rol de esposa que debe atender y estar a predisposición del hombre cuando él quiera; de ser para el otro olvidándose de ellas mismas, de sus límites y decisión”.

Robineau comentó que las personas mayores de 18 son las más reacias a denunciar, un paso necesario para la apertura de la investigación porque se trata de delitos de “instancias privadas”. Para Rajoy, aunque estos hechos se dan en el ámbito interno, se trata de una problemática pública en la que el Estado debe ser el que a través de diferentes organismos se encargue de prevenirla.

“El Estado debe dar una posibilidad de salir de esta situación. Sino es muy difícil que una mujer diga basta, que reconozca y desnaturalice lo que vive para elevar una denuncia. Porque aunque le cueste, ella lo siente en su cuerpo como una decisión que no quiere y no lo decidió, ¿cómo hacemos para que pueda ponerlo en palabras?”, dijo Rajoy.

Ella remarcó lo importante de contar con un dispositivo de atención, por ejemplo en las comisarías, donde no se “revictimice” en las comisarías, es decir, se la vuelva a castigar o culpar por el hecho, sino que la acompañe por medio de un equipo interdisciplinario. También aseguró que si se sigue interviniendo sólo desde lo psicológico, la problemática social nunca acabará porque siempre “será un problema individual” y “no será visto desde lo global: el sistema patriarcal”.

¿Hay un perfil de la persona abusadora?

Según el fiscal Robineau, en un porcentaje de los casos, quien abusa ha sido abusado en su infancia. En el perfil, la “psiquis” es un factor a tener en cuenta, ya que revela a los sujetos autoritarios, sometedores, con personalidades narcisistas o con actitudes que tienen que ver con la “perversión”, en las que no hay reconocimiento de la subjetividad del otro, explicó.

Para la trabajadora social se trata de “conductas aprendidas” que se reproducen en el tiempo y tienen que ver con el sistema y la cultura en la que vivimos.

La drogadicción o el alcoholismo son factores que potencian la violencia pero no son la causa que llevan a violentar la integridad de una mujer, explicó la profesional y añadió: “Cada vez que se viola a una mujer hay que verlo como un acto disciplinador: ‘te hago esto porque vos estás infringiendo una ley patriarcal’. Es el adueñarse y apropiarse del cuerpo de la mujer como territorio del hombre”.

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