Las visas chinas no son un cuento chino

Por Felipe Frydman (*)

Un nuevo escándalo estalló en la Cancillería por la emisión de 250 visas de turismo a ciudadanos chinos en la ciudad de Antofagasta, que luego de ingresar pidieron la radicación. Los consulados argentinos tienen la potestad de otorgar visas de turismo, a hombres de negocios o técnicas siempre que la documentación justifique el propósito. En este caso, las solicitudes no se ajustaron a la verdad porque el fin era la radicación. 

Los problemas con las visas chinas tienen una larga historia. Los ciudadanos chinos, una vez en posesión de un pasaporte, pueden trasladarse a un país que no requiera visa o de lo contrario tenerla para presentarla antes de abordar un avión. Esta situación originó un flujo de personas provenientes en su mayoría de la provincia de Fujian que engrosaron la comunidad de ese origen. Los trámites de radicación se realizan ante la Dirección de Inmigraciones o directamente en la Justicia para obtener la nacionalidad por abogados especializados.

China reclamó a la Argentina en varias oportunidades un trato para sus ciudadanos equivalente al otorgado a los inmigrantes latinoamericanos. Estos reclamos fueron efectuados a pesar de que China tiene una estricta política inmigratoria y migratoria. En 2012 dictó una legislación para impedir el ingreso de inmigrantes provenientes de los países aledaños atraídos por el progreso económico. La legislación establece duras penas al ingreso, la residencia y el trabajo ilegal seguida de la expulsión; las penas se extienden al que emplea o alquila vivienda a un inmigrante ilegal. El movimiento de personas en el interior también se encuentra limitado para evitar el traslado desorganizado de los campesinos a las ciudades; el gobierno es partidario de controlar el proceso de urbanización y el movimiento de trabajadores migrantes. Deben obtener el permiso de residencia denominado hikou para acceder a la vivienda, la educación y la salud para la familia.

El progreso económico de China ha sido extraordinario. Se estima que 800 millones abandonaron la pobreza de una población de 1.400 millones. Restan 600. El desarrollo y el derrame han sido desiguales y todavía quedan bolsones de pobreza aguda en las áreas agrícolas. Los países desarrollados ejercen una estricta política de control de los visados y los países aledaños tienen también legislaciones restrictivas que incluyen la expulsión luego de vencidos los permisos de estadía.

El traslado de personas desde la salida de la provincia hasta la radicación en el país destino cubre varias etapas. En cada una intervienen distintos gestores que se aprovechan del necesitado convirtiendo la inmigración en un importante negocio. La salida, la agencia de viajes emisora de pasajes, en caso de no obtener la visa en un consulado en China, la llegada a un destino donde se efectuaron gestiones previas para tener garantizado la obtención del visado, sortear los controles inmigratorios y los abogados para obtener la radicación. La falta de controles constituye un aliciente para este tipo de negocios y una motivación para la intervención de personas inescrupulosas.

China se convirtió en la fuente más importante del turismo internacional con destino a los países cercanos, Japón, Corea del Sur, Europa y Estados Unidos. Las posibilidades de recibir una parte de ese turismo alentó la flexibilización de los requisitos sin tomar en cuenta las consecuencias. El acuerdo para extender automáticamente visas a los ciudadanos chinos que ya la tengan para Estados Unidos o la de Schengen para Europa representa un progreso debido a recursos, controles, eficiencia y responsabilidad que tienen los funcionarios de esos países para verificar la documentación y garantizar el estatus para el cual se solicita la visa. Nadie espera que los turistas chinos elijan la Argentina como primera salida.

Las visas chinas no son cuento chino. Hace décadas que se conoce el problema. Los organismos responsables parecieron desentenderse; en el “mejor” de los casos alegando desconocimiento, quizás desidia o el temor de involucrarse en problemas disciplinarios o judiciales. La trata de personas es un delito y lucrar para beneficio personal con las necesidades de los inmigrantes forma parte de una cadena de intereses espuria que debería terminarse y cuanto antes mejor.

(*) El autor es diplomático. Nota publicada en infobae.com