Organizaciones solicitan que no haya más desalojos en los asentamientos informales

Con el avance tanto a nivel nacional como provincial de leyes que buscan la regularización dominial de asentamientos informales de distinta antigüedad, desde varias organizaciones sociales locales reclamaron al Estado que se suspendan los desalojos en terrenos tomados irregularmente por familias en situación de vulnerabilidad, y que brinde una solución habitacional pacífica, sin el uso de la fuerza pública. Desde el Foro de Organizaciones Vecinales de la ciudad reclamaron en la Legislatura provincial una normativa que adhiera a la ley nacional Nº 27.453 de integración socio-urbana para villas y asentamientos, para que de esa manera se garantice la propiedad de la tierra de los habitantes y se evite el retiro de las familias que viven informalmente en predios públicos y privados.

Por otra parte, desde el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA (Ocso NEA) de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) se encuentran trabajando en un relevamiento de desalojos violentos en Corrientes y reclamaron vías pacíficas de solución, como las mediaciones o las expropiaciones, en lugar de los retiros por la fuerza.

Pedidos

En la sesión de la Cámara de Diputados de esta semana, el Foro de Organizaciones Vecinales de la ciudad presentó una nota con un pedido para que el Poder Legislativo provincial adhiera a la Ley nacional Nº 27.453 de “Régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana” mediante la cual el Gobierno de la Nación expropiará más de 4 mil asentamientos informales de todo el país, incluyendo a 55 ubicados en la Capital. Desde la organización señalaron la necesidad de que el Estado garantice la posesión y la permanencia de las familias vulnerables que no pueden acceder a un techo propio a través de los planes de vivienda oficiales, y que también brinde protección jurídica para evitar los desalojos forzosos.

El foro también solicitó que se dé una solución a unas 56 familias que fueron desalojadas de predios tomados en los barrios 17 de Agosto, San Marcelo y Villa Raquel, entre otros. “Creemos que la ley nacional Nº 27.453 y el proyecto de expropiación del barrio Patono que está en la Legislatura, son buenos antecedentes para que a futuro no haya más desalojos y se garantice la tierra a las familias de los asentamientos”, había dicho anteriormente a El Litoral el referente del Foro de Organizaciones Vecinales, Julio Maciel. 

Estudio de los desalojos

Por otra parte, el Ocso NEA de la Unne se encuentra confeccionando un relevamiento de los desalojos violentos ocurridos este año en Corrientes, y señalaron que en los últimos seis meses hubo siete casos, de los cuales cinco sucedieron en los barrios capitalinos 17 de Agosto, Independencia, San Marcelo, Cichero y Bejarano, donde fueron retiradas aproximadamente 135 familias. Desde la entidad remarcaron la necesidad de que el Estado no proceda más al retiro por medio de la fuerza pública  de los habitantes de los predios informales y que busque alternativas pacíficas como las mediaciones o los proyectos de expropiación y regularización dominial que se aplicaron en algunos casos.

“Causa mucha preocupación el uso de la violencia en desalojos y la criminalización de los habitantes, sin que se contemplen alternativas pacíficas”, señalaron.