Tras ampliar las denuncias contra la anterior gestión, Hadad ahora también es querellante

El intendente de San Roque, Raúl Hadad, ratificó amplió y además se convirtió en querellante de las denuncias que realizó en febrero pasado contra funcionarios de la gestión anterior, debido a que presuntamente emitieron 358 cheques sin fondos. En estas operaciones que considera son irregulares, acusa no sólo a dos ex funcionarios municipales, sino también a quien estuvo a cargo de la sede local de una entidad bancaria y a cuatro proveedores.

En el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Goya, Hadad el último miércoles realizó las nuevas presentaciones en la causa en la que la Justicia investiga a la anterior gestión liderada por Guillermo  Pelozo, para determinar si emitieron cheques por al menos unos  $10.700.000, pese no sólo que no contaban con el respaldo económico sino que además habrían sido para pagar compras en comercios locales que no se realizaron.

Por eso, Hadad ratificó las denuncias contra los dos ex funcionarios: Guillermo Pelozo (intendente) y Marcelo Pelozo (secretario de Gobierno) y pidió que en la investigación se incluya a cuatro supuestos proveedores y a un ex gerente local de una entidad bancaria.

Según los argumentos planteados por el Ejecutivo en representación del Municipio “la operación ilícita consistió en simular compras que nunca existieron efectuando pagos a favor de los acreedores con cheques por sumas millonarias, de las cuales $10,7 millones fueron rechazados por falta de fondos, y otra parte no”.

Las maniobras irregulares, argumentan desde la Comuna, “quedaron en evidencia cuando parte de esos acreedores se presentaron ante la Justicia en lo Civil de Goya a exigir el pago de cheques por más de $5 millones, con sus respectivos intereses, siendo que las facturas exhibidas eran fraudulentas o directamente no estaban presentadas”.

En base a esas anomalías, Hadad considera que los supuestos delitos que se habrían cometido son: “peculado, malversación de fondos públicos, defraudación a la administración pública municipal, lavado de activos de origen ilícito, violación de deberes de funcionario público y sustracción y destrucción de medios de prueba”.

El último miércoles, tal como habían manifestado tiempo atrás desde el área legal del Municipio a este diario, la actual gestión comunal se constituyó en querellante en la causa.

Adoptaron esta decisión, argumentaron, “para colaborar con la Justicia y evitar la impunidad”. Asimismo, remarcaron que el Ejecutivo Municipal “queda a entera disposición del Juzgado y la Fiscalía de Instrucción”.

Y por último, precisaron que “el expediente está a cargo del juez Carlos Antonio Balestra y del fiscal Francisco Arrue.