Citan a declarar a 18 militares acusados de torturas en Malvinas

A once años de iniciada la causa por torturas durante la guerra de Malvinas, 18 militares deberán declarar ante un juez. La causa se inició en Corrientes.

Están acusados de estaquear, golpear y enterrar a soldados bajo su mando en el enfrentamiento armado entre Argentina y Gran Bretaña en 1982 y fueron denunciados por más de cien ex combatientes de distintos lugares del país.

La citación a prestar declaración indagatoria fue ordenada por el juez Federal de Ushuaia Federico Calvete, a partir del pedido presentado en mayo de este año por el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport. El llamado, que aún no tiene fecha, alcanza a 18 de los 95 militares denunciados en la causa, iniciada en 2007.

Es la primera vez que un juez llama a indagatoria a los militares denunciados en la investigación, que durante once años se mantuvo sin avances. “Es un verdadero punto de inflexión, por primera vez en más de una década, los denunciados estarán frente a frente con el Juez, y se les expondrán los delitos de los que se los acusa”, explicó el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, representante del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata, a cargo de la querella.

El pedido del fiscal Rapaport, que incluía la detención de 26 acusados, alcanzaba 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento de Infantería N°5.

Según la investigación, los acusados “habrían ordenado y ejecutado diversos actos de tortura, entre ellos, los conocidos estaqueamientos y enterramientos” para “controlar” indisciplinas, como el robo de comida por el hambre extremo que padecían.

De acuerdo al relato de los denunciantes, los militares los ataban al suelo helado de las islas con sogas, como en una crucifixión, y los dejaban a la intemperie durante horas, mientras nevaba y se les congelaban los miembros del cuerpo. De eso se trataban los  estaqueamientos, una forma de tortura que para los querellantes  y diversos organismos de Derechos Humanos, constituye un delito de lesa humanidad.