Rechazaron pedidos de juicio político contra una jueza correntina

Los responsables de acusar a la jueza en la Magistratura fueron los abogados de Ricardo Aguirre, un empresario del rubro automotor que a su vez explotaba comercialmente un motel donde eran sometidas mujeres víctimas de trata, y de Jorge Niveyro, un funcionario de la Aduana de Paso de los Libres, detenido en un procesamiento por supuesto contrabando.

Las causas son conexas, ya que los investigadores siguen una línea tendiente a vincular al tráfico de divisas y el contrabando en la Aduana de Paso de los Libres, con el lavado del dinero proveniente de la explotación sexual de víctimas de trata que eran sometidas en 3 prostíbulos y el motel “Momentos”.

Las denuncias contra la jueza fueron rechazadas a fines de abril pasado, a través de las resoluciones 169 y 166 firmadas por Miguel Piedecasas, presidente del Consejo de la Magistratura, quien se basó en la falta de elementos que prueben las sospechas de mal desempeño.

Aguirre fundamentó su acusación en el hecho de que la jueza había autorizado el traslado a un escuadrón de la gendarmería de los vehículos que se encontraban en su agencia, ´Aguirre Automotores´ “sin que haya una orden de secuestro (…) cercenando su derecho de defensa en juicio”.

Niveyro denunció por mal desempeño a Pozzer Penzo acusándola de que no se apartó de la causa en la que está procesado, siendo que conocía tanto a él como a su familia. Este hombre, de 48 años, es investigado por la facilitación del contrabando de divisas y otros elementos en la frontera de Paso de los Libres con Brasil.

El Consejo de la Magistratura les respondió que quedaba en evidencia que las acusaciones las hacían por su “disconformidad” con las determinaciones tomadas por la jueza en el trámite de las causas.

Y que ese organismo “no puede constituirse en una nueva instancia habilitada a los justiciables cuando sus pretensiones no han encontrado el resultado deseado dentro del proceso”.