Ofrecen $1.500.000 para quienes aporten datos sobre dos prófugos

La localidad correntina de Itatí fue noticia por ser el escenario en donde se destapó una red de narcotráfico en la que se investigan los roles de numerosos dirigentes locales, incluido su ex intendente, y personal de las fuerzas de seguridad.

El ex jefe comunal y su vice, Natividad "Roger" Terán y Fabio Aquino continúan el proceso judicial y ya fueron procesados con prisión preventiva como supuestos jefes de una asociación ilícita y por tráfico ilegal de estupefacientes, mediante la importación de droga desde Paraguay.

La causa, denominada "Operación Sapucay", también salpica a otros 26 acusados, entre ellos funcionarios, familiares del ex intendente y agentes de fuerzas de seguridad de Itatí.

Además,en el listado de involucrados en esta banda narco figuran Luis Alberto Saucedo y Federico Sebastián Marín. Ambos están prófugos y el Ministerio de Seguridad ya había ofrecido $500 mil para quienes aportaran información sobre los paraderos de los acusados.

Pero al momento no hay datos sobre los prófugos, por lo que se resolvió aumentar la recompensa a $1.500.000, por cada uno, a cambio de "datos útiles que sirvan para lograr la aprehensión" de ambos, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.

La resolución, firmada por la ministra Patricia Bullrich, aclara que la suma está destinada a todo aquel que no haya "intervenido en el hecho delictual". Finalmente, explica que "quienes quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia al número de acceso rápido 134. 

"El Gordo" Saucedo supo hacer rendir el dinero que cobraba de un plan estatal: tiene una lujosa flota de autos integrada por dos Mercedes Benz (Sprinter y Compressor), un BMW, tres Ford Ranger y cinco Toyota Hilux, según revelaron en su momento los periodistas Germán de los Santos y Gabriel Di Nicola en el diario La Nación.

Los investigadores creen que esos automóviles eran utilizados por la banda para trasladar la droga a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero y Chaco.

También llamaba la atención que con un salario de empleado municipal pudo comprar tres propiedades.

Según el juez federal Sergio Torres, las maniobras comenzaron al menos en mayo de 2014 y se determinó que la marihuana la compraban en "panes" o "ladrillos" y la traían por el río Paraná desde Paraguay, para distribuirla en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.