¿A qué mayoría beneficiaría la ley?
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¿A qué mayoría beneficiaría la ley?

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Por María Herminia Grande
Nota publicada en infobae.com

 

El sentido de las leyes es beneficiar con su aplicación a una mayoría afectada por un determinado tema. La gran pregunta es a qué mayoría favorecería el proyecto llamado de despenalización del aborto de alcanzar esta semana la media sanción. No recuerdo una ley democrática que signifique dolor y pérdidas para todos. La mamá que se somete a un aborto, sea cual fuese el motivo para llegar a él, queda de por vida con una cicatriz imposible de superar mientras tenga conciencia. Al bebé por nacer lo condenaron a no ser. La mamá pudo actuar bajo innumerables presiones, pero hubo cómplices racionales que se comportaron como dictadores y por plata, suprimiéndole el primer derecho de ese ser: la libertad de nacer. El padre del bebé no aparece en ningún articulado. Por lo tanto hay una presunción negativa sobre su persona y sobre su actitud ante su hijo en gestación. Cosa que cambia radicalmente si ese bebé viviese; de no hacerse cargo de él ya para reconocerlo como para mantenerlo, la Justicia actuaría para exigírselo, cosa que está muy bien.
Sin argumento científico alguno, he leído que hasta las 14 semanas es una cosa que se puede suprimir, luego ya no. ¿Acaso sugiere el proyecto que se podrían evitar los tres primeros meses de embarazo? Si se es cosa tres meses y después comienza la vida, por qué no confeccionar una ley que acorte el embarazo a seis meses y nos ahorramos muchas complicaciones.
Estamos en el siglo del conocimiento, también del egoísmo. Es verdad que en toda mujer no habita una mamá. Pero también es cierto que en toda mamá habita una mujer dispuesta a dar su vida por su hijo. ¿O acaso no hemos escuchado una y mil veces decir a una mamá, ante el cadáver de su hijo: “¡Quiero estar yo ahí!”? ¡O tapar con su cuerpo al hijo ante una balacera, ante un padre golpeador y en tantas otras situaciones!
El proyecto sigue diciendo (artículo 3) que, pasadas las 14 semanas, más allá del plazo establecido, la mujer puede interrumpir su embarazo en caso de violación y si existiera riesgo de vida para su salud física, psicológica o social. Es decir, ese pobre bebé que para esta ley ya no es cosa igualmente puede ser suprimido. Por lo tanto, este último párrafo da por tierra la teoría anterior. Queda claro que el plazo de 14 semanas es sólo a los efectos convencionales para encontrar una excusa para su eliminación, no por un sustrato científico.
Otro de los artículos del proyecto en cuestión, increíblemente despenaliza el delito, pero penaliza a quien se niegue a cometerlo. Los médicos que conduzcan un efector de salud deben realizar los abortos solicitados so pena de ir presos de seis meses a dos años, e inhabilitación por el doble de la condena. Si el profesional lo dilatase, impidiendo la concreción del aborto, la pena se elevará de dos a cinco años de prisión. No sólo es un absurdo, sino que además las personas que conduzcan estos nosocomios, de sancionarse esta ley, indefectiblemente serán quienes no tengan un alto apego a la vida y a su defensa.
La otra gran pregunta que debemos formularnos es: ¿Acaso el aborto es una herramienta de justicia social? ¿Acaso, si el aborto se institucionalizase, los que logren nacer gozarían de los derechos que marca nuestra Constitución y hoy no se cumplen?
Es verdad que el aborto existe y por lo tanto es muy importante que se dé este debate. Lo de esperar sería que todas las propuestas que se escucharon para contener desde el Estado a una mujer que no quiere tener a su bebé -desde asignaciones monetarias hasta adopción y cuidado del bebé durante la gestación hasta el parto- se conviertan en algo concreto.
El problema existe y, como tal, la solución de los que creemos que las dos vidas importan debe aparecer y rápido, para que esa mamá que siente que nada tiene por hacer y que nadie entiende su problema tenga al menos una razón para pensarlo.

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¿A qué mayoría beneficiaría la ley?

Por María Herminia Grande
Nota publicada en infobae.com

 

El sentido de las leyes es beneficiar con su aplicación a una mayoría afectada por un determinado tema. La gran pregunta es a qué mayoría favorecería el proyecto llamado de despenalización del aborto de alcanzar esta semana la media sanción. No recuerdo una ley democrática que signifique dolor y pérdidas para todos. La mamá que se somete a un aborto, sea cual fuese el motivo para llegar a él, queda de por vida con una cicatriz imposible de superar mientras tenga conciencia. Al bebé por nacer lo condenaron a no ser. La mamá pudo actuar bajo innumerables presiones, pero hubo cómplices racionales que se comportaron como dictadores y por plata, suprimiéndole el primer derecho de ese ser: la libertad de nacer. El padre del bebé no aparece en ningún articulado. Por lo tanto hay una presunción negativa sobre su persona y sobre su actitud ante su hijo en gestación. Cosa que cambia radicalmente si ese bebé viviese; de no hacerse cargo de él ya para reconocerlo como para mantenerlo, la Justicia actuaría para exigírselo, cosa que está muy bien.
Sin argumento científico alguno, he leído que hasta las 14 semanas es una cosa que se puede suprimir, luego ya no. ¿Acaso sugiere el proyecto que se podrían evitar los tres primeros meses de embarazo? Si se es cosa tres meses y después comienza la vida, por qué no confeccionar una ley que acorte el embarazo a seis meses y nos ahorramos muchas complicaciones.
Estamos en el siglo del conocimiento, también del egoísmo. Es verdad que en toda mujer no habita una mamá. Pero también es cierto que en toda mamá habita una mujer dispuesta a dar su vida por su hijo. ¿O acaso no hemos escuchado una y mil veces decir a una mamá, ante el cadáver de su hijo: “¡Quiero estar yo ahí!”? ¡O tapar con su cuerpo al hijo ante una balacera, ante un padre golpeador y en tantas otras situaciones!
El proyecto sigue diciendo (artículo 3) que, pasadas las 14 semanas, más allá del plazo establecido, la mujer puede interrumpir su embarazo en caso de violación y si existiera riesgo de vida para su salud física, psicológica o social. Es decir, ese pobre bebé que para esta ley ya no es cosa igualmente puede ser suprimido. Por lo tanto, este último párrafo da por tierra la teoría anterior. Queda claro que el plazo de 14 semanas es sólo a los efectos convencionales para encontrar una excusa para su eliminación, no por un sustrato científico.
Otro de los artículos del proyecto en cuestión, increíblemente despenaliza el delito, pero penaliza a quien se niegue a cometerlo. Los médicos que conduzcan un efector de salud deben realizar los abortos solicitados so pena de ir presos de seis meses a dos años, e inhabilitación por el doble de la condena. Si el profesional lo dilatase, impidiendo la concreción del aborto, la pena se elevará de dos a cinco años de prisión. No sólo es un absurdo, sino que además las personas que conduzcan estos nosocomios, de sancionarse esta ley, indefectiblemente serán quienes no tengan un alto apego a la vida y a su defensa.
La otra gran pregunta que debemos formularnos es: ¿Acaso el aborto es una herramienta de justicia social? ¿Acaso, si el aborto se institucionalizase, los que logren nacer gozarían de los derechos que marca nuestra Constitución y hoy no se cumplen?
Es verdad que el aborto existe y por lo tanto es muy importante que se dé este debate. Lo de esperar sería que todas las propuestas que se escucharon para contener desde el Estado a una mujer que no quiere tener a su bebé -desde asignaciones monetarias hasta adopción y cuidado del bebé durante la gestación hasta el parto- se conviertan en algo concreto.
El problema existe y, como tal, la solución de los que creemos que las dos vidas importan debe aparecer y rápido, para que esa mamá que siente que nada tiene por hacer y que nadie entiende su problema tenga al menos una razón para pensarlo.