El acuerdo stand by con el FMI es la mayor asistencia que haya otorgado el organismo a un país en situación de crisis: 50 mil millones de dólares. El monto no es para festejar, puesto que indica que, en lugar de una cucharada de jarabe, la economía argentina se tiene que tomar el frasco entero.
El director ejecutivo Consultora PxQ, Emmanuel Alvarez Agis, abordó el tema en una nota en infobae.com, sosteniendo que la principal duda es si la magnitud del acuerdo será suficiente para alivianar la presión contra el dólar, en un marco donde la política monetaria mantendrá en principio la tasa de interés en los niveles actuales y el Banco Central retirará el techo al dólar que viene manteniendo con su oferta de 5 mil millones de dólares a 25 pesos que marcaba el límite para la divisa. Hay que destacar que, al margen de cuáles sean los detalles de implementación del acuerdo, el anuncio deja claro que los fondos no podrán ser utilizados para frenar la corrida contra el dólar.
La magnitud del stand by es directamente proporcional al ajuste fiscal exigido por el FMI. El fisco deberá reducir el gasto público por el equivalente a casi 4% del PIB en 3 años, lo cual imprimirá un sesgo contractivo sobre la economía que anulará el crecimiento para 2018 y que determine un estancamiento durante 2019.
El ajuste no sólo recaerá sobre la obra pública, sino que pondrá mayor presión sobre las tarifas, reducirá los salarios públicos respecto a la inflación un 13% y bajará las transferencias a las provincias, lo que dificultará los acuerdos parlamentarios que requerirá el paquete, no tanto por la reforma de la carta orgánica del Banco Central, sino por el proyecto de presupuesto 2019, que plasmará la mitad del ajuste fiscal previsto.
El primer as bajo la manga es que el Gobierno podría haber logrado liberar el principal factor de presión derivado del ajuste fiscal: la reducción de los subsidios, esto es, el aumento de tarifas. En el detalle circulado por el Ministerio de Hacienda la reducción de los subsidios es de -0,2% del PIB durante 2018. Sin embargo, no se ha explicitado la base sobre la cual se realizará esa reducción. Si la base es el 1,6% del presupuesto 2018 aprobado, las tarifas de servicios públicos del segundo semestre deberán reflejar un dólar promedio ya no de 19 pesos, como el del presupuesto, sino de 23 pesos, lo cual obligaría a incrementar tarifas entre el 20% y 30%, algo claramente inviable a la luz del reciente veto presidencial. Sin embargo, si la reducción de -0,2% de los subsidios se realiza sobre la base de lo ocurrido en 2017, donde los subsidios fueron de 2,3% del PIB, entonces el Gobierno podría evitar un sesgo contractivo adicional sobre la actividad y una presión al alza sobre el ajustado programa de reducción de la inflación.
El segundo as bajo la manga refiere a la salvaguarda de 0,2% del PIB, que es el desvío por sobre la meta fiscal que el FMI permitiría en caso de que la situación social así lo requiriera (y podemos estar seguros de que lo requerirá). Si bien el guarismo parece menor, tanto el FMI como las autoridades de política económica se han encargado de aclarar que la salvaguarda sería destinada a asignaciones familiares. Si este fuera el caso y esos fondos se destinaran al total de las asignaciones familiares (formales y universales), cuyo gasto representa el 1,3% del PIB, el aumento promedio para cada menor de Argentina podría ser de 14,9% por sobre la inflación.
Pero si la salvaguarda se destinara ya no al total de las asignaciones familiares, sino a su eslabón más vulnerable, el panorama económico (y electoral) de 2019 podría cambiar significativamente. El gasto en Asignación Universal por Hijo (AUH) equivale al 0,5% del PIB. Un incremento de 0,2% para los destinatarios de AUH podría significar un aumento promedio por encima de la inflación de 43%, lo cual podría ser utilizado por el Gobierno como la carta electoral durante 2019.
En cualquier caso, no hay nada para festejar. El acuerdo con el FMI no nos permite evitar la crisis, sino, en todo caso, estabilizar el frente financiero de la crisis y tratar de solucionarlo estructuralmente con un ajuste fiscal que genere una recesión lo suficientemente grande como para cortar la brecha externa por la vía de la caída de las importaciones. Cincuenta mil millones de dólares condicionados a un paquete de ajuste con horizonte a 2020: eso sí que podrá ser denominado por este o por cualquier otro gobierno como una pesada herencia.
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