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Rebelión nicaragüense contra Daniel Ortega

El régimen nicaragüense de Daniel Ortega, en el poder desde 2007 -y anteriormente, entre 1981 y 1990- sigue dando muestras de su brutalidad, llevando acciones violentas contra la población.
Es prácticamente habitual que agentes antidisturbios, grupos paramilitares y militantes del oficialista Frente Sandinista abran fuego contra los manifestantes.
Como era previsible ante la magnitud de los acontecimientos que se iniciaron en abril, Nicaragua se encuentra inmersa en un masivo movimiento de rechazo no contra políticas del Gobierno, sino contra la permanencia misma de Daniel Ortega en el poder. Lo sostiene un sistema clientelar y -tal como está demostrando repetidamente- el recurso a la violencia extrema cuando lo estima necesario.
Ortega se niega a discutir cualquier medida de democratización de su régimen, entre ellas un adelanto electoral. Sin embargo, el Presidente nicaragüense se niega porque quiere convocar elecciones en 2021. Sumaría así un total de 23 años en el cargo y pretende ser reelegido.
La peor crisis política que ha vivido Nicaragua desde 1990 ya ha dejado al menos 350 muertos en sus calles, víctimas de la represión de un régimen que se niega a atender a las demandas de la población y que actúa como una verdadera dictadura.
Un editorial del diario español El País señala que el recurso a escuadrones de la muerte por parte de la presidencia de Daniel Ortega ha exasperado los ánimos y ha elevado el tono de una protesta que ha pasado de pedir la retirada de medidas políticas y reclamar diálogo con la oposición, a exigir directamente que tanto Ortega como su mujer -la terrible vicepresidenta Rosario Murillo- abandonen el poder.
Las decenas de miles de personas que el jueves marcharon por las calles del país centroamericano exigiendo la renuncia de Ortega son la prueba palpable del estado de fractura social que la pésima gestión del Presidente nicaragüense ha creado. Los manifestantes exigían responsabilidades por el asesinato de 21 personas el pasado domingo en dos localidades al norte de Managua, víctimas de paramilitares que apoyan al Gobierno. Se trata del mayor número de muertes violentas en un solo día que ha vivido Nicaragua en tiempos de paz.
Este sábado otros dos jóvenes murieron en un ataque de fuerzas del gobierno nicaragüense contra una iglesia en Managua, donde estaban atrincherados desde el viernes decenas de estudiantes que protestan contra Ortega.
Mientras la Iglesia era atacada, el presidente Ortega realizaba un mitin partidario en Masaya. Allí hizo un llamado a la paz.
Por su parte, la Iglesia exigió nuevamente el cese de la represión. El obispo auxiliar de Managua criticó con dureza la violencia desatada desde el Estado y en su cuenta de Twitter escribió que el Gobierno de Ortega “atraviesa el límite de lo inhumano y de lo inmoral”, calificó de “represión criminal” los actos contra los manifestantes en varias ciudades del país y exigió a la comunidad internacional que ponga más atención a lo que ocurre en Nicaragua.
Ortega es el responsable de la represión violenta de la oposición y tendrá que rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que exige que se abran los procesos judiciales correspondientes. El otro actor internacional que puede influir en la dramática situación es la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que la oposición pide que active la Carta Democrática que puede derivar en la suspensión de Nicaragua como miembro de pleno derecho.
Es ilógico pensar que Ortega pretenda echar sobre otros hombros lo que ha ocurrido y lo que pueda ocurrir en los próximos días en su país. El curso de los acontecimientos depende exclusivamente de sus decisiones.

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Rebelión nicaragüense contra Daniel Ortega

El régimen nicaragüense de Daniel Ortega, en el poder desde 2007 -y anteriormente, entre 1981 y 1990- sigue dando muestras de su brutalidad, llevando acciones violentas contra la población.
Es prácticamente habitual que agentes antidisturbios, grupos paramilitares y militantes del oficialista Frente Sandinista abran fuego contra los manifestantes.
Como era previsible ante la magnitud de los acontecimientos que se iniciaron en abril, Nicaragua se encuentra inmersa en un masivo movimiento de rechazo no contra políticas del Gobierno, sino contra la permanencia misma de Daniel Ortega en el poder. Lo sostiene un sistema clientelar y -tal como está demostrando repetidamente- el recurso a la violencia extrema cuando lo estima necesario.
Ortega se niega a discutir cualquier medida de democratización de su régimen, entre ellas un adelanto electoral. Sin embargo, el Presidente nicaragüense se niega porque quiere convocar elecciones en 2021. Sumaría así un total de 23 años en el cargo y pretende ser reelegido.
La peor crisis política que ha vivido Nicaragua desde 1990 ya ha dejado al menos 350 muertos en sus calles, víctimas de la represión de un régimen que se niega a atender a las demandas de la población y que actúa como una verdadera dictadura.
Un editorial del diario español El País señala que el recurso a escuadrones de la muerte por parte de la presidencia de Daniel Ortega ha exasperado los ánimos y ha elevado el tono de una protesta que ha pasado de pedir la retirada de medidas políticas y reclamar diálogo con la oposición, a exigir directamente que tanto Ortega como su mujer -la terrible vicepresidenta Rosario Murillo- abandonen el poder.
Las decenas de miles de personas que el jueves marcharon por las calles del país centroamericano exigiendo la renuncia de Ortega son la prueba palpable del estado de fractura social que la pésima gestión del Presidente nicaragüense ha creado. Los manifestantes exigían responsabilidades por el asesinato de 21 personas el pasado domingo en dos localidades al norte de Managua, víctimas de paramilitares que apoyan al Gobierno. Se trata del mayor número de muertes violentas en un solo día que ha vivido Nicaragua en tiempos de paz.
Este sábado otros dos jóvenes murieron en un ataque de fuerzas del gobierno nicaragüense contra una iglesia en Managua, donde estaban atrincherados desde el viernes decenas de estudiantes que protestan contra Ortega.
Mientras la Iglesia era atacada, el presidente Ortega realizaba un mitin partidario en Masaya. Allí hizo un llamado a la paz.
Por su parte, la Iglesia exigió nuevamente el cese de la represión. El obispo auxiliar de Managua criticó con dureza la violencia desatada desde el Estado y en su cuenta de Twitter escribió que el Gobierno de Ortega “atraviesa el límite de lo inhumano y de lo inmoral”, calificó de “represión criminal” los actos contra los manifestantes en varias ciudades del país y exigió a la comunidad internacional que ponga más atención a lo que ocurre en Nicaragua.
Ortega es el responsable de la represión violenta de la oposición y tendrá que rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que exige que se abran los procesos judiciales correspondientes. El otro actor internacional que puede influir en la dramática situación es la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que la oposición pide que active la Carta Democrática que puede derivar en la suspensión de Nicaragua como miembro de pleno derecho.
Es ilógico pensar que Ortega pretenda echar sobre otros hombros lo que ha ocurrido y lo que pueda ocurrir en los próximos días en su país. El curso de los acontecimientos depende exclusivamente de sus decisiones.