Banco de tierras: insisten por una alternativa habitacional para familias vulnerables
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Banco de tierras: insisten por una alternativa habitacional para familias vulnerables

Crece el reclamo para que el Municipio disponga de terrenos para personas con necesidades habitacionales. La ordenanza prevé la creación de un padrón y determina los requisitos necesarios para ser aspirante.
 

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Tras volver a emerger el reclamo de algunas organizaciones sociales en las últimas semanas, el Concejo Deliberante aprobó el pedido para que se aplique el denominado “Banco de tierras” que prevé la disponibilidad de terrenos municipales para grupos vulnerables con dificultades habitacionales. 
La ordenanza, que se aprobó en 2013 pero aún no se aplica, estipula el procedimiento necesario para su implementación, haciendo foco especialmente en la prioridad que deben tener las personas con deficiencia habitacional. La normativa cuya puesta en vigencia se reclama, determina que la Comuna disponga de inmuebles propios para poder comercializarlos y adjudicarlos de manera directa o a través de una oferta pública. 
Además, señala que tendrán prioridad las “mujeres madres de familias constituidas o de hecho y las que cuenten con algún integrante con discapacidad”. Para ello, son necesarios varios pasos previos que todavía no fueron cumplimentados.
Sobre esta cuestión, el concejal José Salinas explicó que “es una ordenanza muy completa, sólo faltaría reglamentar algunos detalles”, aunque reconoció que “por el momento ni siquiera sabemos cuántos predios hay disponibles porque no se hizo el relevamiento correspondiente o al menos no fue comunicada esa información”. 
Asimismo, aclararon que la normativa evita la entrega discrecional de las tierras y estipula varios requisitos para que las familias puedan acceder en caso de que se ponga en marcha el mecanismo. Entre ellos, vale mencionar que la ordenanza establece que las personas que sean postulantes no deberán tener lote o vivienda propia, no podrán ser beneficiarios de créditos para la compra de casas y tendrán que comprometerse a que el uso exclusivo será la construcción de la vivienda propia. 
“No se trata de regalar, sino de poner precios accesibles, más económicos de los que se manejan en el mercado inmobiliario local”, acotó José Salinas y agregó: “Las familias no quieren ser okupas, en la mayoría de los casos existe la voluntad de pagar y el Estado debe dar respuesta a esta situación”. En cuanto al pago, la ordenanza marca que podrá realizarse al contado o en cuotas, las que serán estipuladas por el Municipio, al igual que los intereses y una posible refinanciación. 
De esta manera, con más de 30 artículos que lo reglamentan, se espera que el banco de tierras pueda entrar en vigencia luego de varios años de ser aprobado por el Concejo Deliberante. Los reclamos surgen, sobre todo, de algunas organizaciones vecinales que acompañan el pedido de una solución habitacional para familias de varios sectores de la ciudad. 
Si bien insisten desde hace tiempo, el alerta creció luego de los desalojos ordenados por la Justicia en dos terrenos privados donde había tomas, una en el 17 de Agosto que duró poco más de seis meses y otra en el San Marcelo, donde las familias vivían hace casi dos años. 

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Banco de tierras: insisten por una alternativa habitacional para familias vulnerables

Crece el reclamo para que el Municipio disponga de terrenos para personas con necesidades habitacionales. La ordenanza prevé la creación de un padrón y determina los requisitos necesarios para ser aspirante.
 

<p>Asentamientos. Se buscan alternativas para brindar soluciones habitacionales a miles de familias correntinas.</p>

Asentamientos. Se buscan alternativas para brindar soluciones habitacionales a miles de familias correntinas.

Tras volver a emerger el reclamo de algunas organizaciones sociales en las últimas semanas, el Concejo Deliberante aprobó el pedido para que se aplique el denominado “Banco de tierras” que prevé la disponibilidad de terrenos municipales para grupos vulnerables con dificultades habitacionales. 
La ordenanza, que se aprobó en 2013 pero aún no se aplica, estipula el procedimiento necesario para su implementación, haciendo foco especialmente en la prioridad que deben tener las personas con deficiencia habitacional. La normativa cuya puesta en vigencia se reclama, determina que la Comuna disponga de inmuebles propios para poder comercializarlos y adjudicarlos de manera directa o a través de una oferta pública. 
Además, señala que tendrán prioridad las “mujeres madres de familias constituidas o de hecho y las que cuenten con algún integrante con discapacidad”. Para ello, son necesarios varios pasos previos que todavía no fueron cumplimentados.
Sobre esta cuestión, el concejal José Salinas explicó que “es una ordenanza muy completa, sólo faltaría reglamentar algunos detalles”, aunque reconoció que “por el momento ni siquiera sabemos cuántos predios hay disponibles porque no se hizo el relevamiento correspondiente o al menos no fue comunicada esa información”. 
Asimismo, aclararon que la normativa evita la entrega discrecional de las tierras y estipula varios requisitos para que las familias puedan acceder en caso de que se ponga en marcha el mecanismo. Entre ellos, vale mencionar que la ordenanza establece que las personas que sean postulantes no deberán tener lote o vivienda propia, no podrán ser beneficiarios de créditos para la compra de casas y tendrán que comprometerse a que el uso exclusivo será la construcción de la vivienda propia. 
“No se trata de regalar, sino de poner precios accesibles, más económicos de los que se manejan en el mercado inmobiliario local”, acotó José Salinas y agregó: “Las familias no quieren ser okupas, en la mayoría de los casos existe la voluntad de pagar y el Estado debe dar respuesta a esta situación”. En cuanto al pago, la ordenanza marca que podrá realizarse al contado o en cuotas, las que serán estipuladas por el Municipio, al igual que los intereses y una posible refinanciación. 
De esta manera, con más de 30 artículos que lo reglamentan, se espera que el banco de tierras pueda entrar en vigencia luego de varios años de ser aprobado por el Concejo Deliberante. Los reclamos surgen, sobre todo, de algunas organizaciones vecinales que acompañan el pedido de una solución habitacional para familias de varios sectores de la ciudad. 
Si bien insisten desde hace tiempo, el alerta creció luego de los desalojos ordenados por la Justicia en dos terrenos privados donde había tomas, una en el 17 de Agosto que duró poco más de seis meses y otra en el San Marcelo, donde las familias vivían hace casi dos años.