“El protocolo de ILE facilita el trabajo de los médicos”

Si bien estaba previsto que sea tratado con preferencia en la orden del día del miércoles pasado, el expediente que adhiere a la provincia al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) finalmente fue devuelto a las comisiones de la Cámara de Diputados. El proyecto, de autoría del legislador José Ernesto Meixner, había ingresado el 11 de septiembre, y quedó archivado en las comisiones de Salud, Derechos Humanos y Asuntos Constitucionales.

Este protocolo fue elaborado por el entonces Ministerio de Salud de la Nación en 2016, con el objetivo de garantizar la atención hospitalaria a las personas gestantes en casos de abortos no punibles, previstos en el Código Penal. Casi la mitad de las provincias argentinas se adhirieron a este régimen o tienen su propia herramienta para estos casos, salvo Corrientes, en donde solo “nos basamos en el Código Penal, queda en manos de la Justicia”, según palabras del ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo.

Si bien desde la Provincia habían asegurado que se está elaborando un protocolo propio, Meixner recordó la importancia de contar con la adhesión a la herramienta nacional no solo para proteger a las mujeres, sino también para facilitar la labor de los profesionales de la salud. “El protocolo viene a solucionar el problema de los médicos que hacen objeción de conciencia, y también los libera de una posible denuncia penal. Tanto médicos como enfermeros pueden formular su objeción y nadie puede obligarles a hacer un aborto”, sostuvo el diputado, en diálogo con El Litoral.

Si bien el proyecto cuenta con el apoyo de organizaciones feministas -y de hecho el miércoles pasado hicieron una vigilia en Diputados a la espera de su aprobación-, Meixner señaló que el mismo busca legislar sobre “cosas que ya están contempladas en el Código Penal, como lo es el aborto no punible”, más allá de posturas ideológicas.

“Este proyecto tiene casi 20 notas de adhesión de organizaciones y personalidades, que no es algo recurrente”, subrayó el diputado, quien solicitó que el texto vuelva a ser tratado antes de fin de año.

En su argumentación, el proyecto de ley indica que “la adopción por la Provincia de Corrientes de un protocolo para la atención hospitalaria integral de los abortos no punibles previstos en el Código Penal de la Nación Argentina en su artículo 86 es imperativa”, y pone como ejemplos a “la exhortación hecha por la Corte Suprema de la Nación -fallo FAL (...) a las autoridades provinciales” y a “las reiteradas recomendaciones de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos”.