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/Ellitoral.com.ar/ Regional

Capitanich declaró "emergencia económica, financiera, sanitaria, alimentaria y social"

El gobernador de la vecina provincia afirmó que la situación del país es grave. También impulsará un proyecto para reordenar los números provinciales. 

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, afirmó hoy que la situación económica y financiera del país es de “altísimo contenido crítico”. Lo que lo obliga a declarar el “estado de emergencia económica, financiera, sanitaria, alimentaria y social” en la provincia.

En declaraciones a radios locales, dijo que esto motivó el envío de proyectos de ley a la Legislatura para que en sesiones extraordinarias se disponga la necesidad de “instrumentar las herramientas necesarias y adecuadas para enfrentar la difícil situación de excepción”.

“La situación es gravísima”, subrayó en referencia a que los “niveles de pobreza afectan la salud” en un contexto de “parálisis de la matriz productiva con su consecuente repercusión fiscal y su correlato de crisis que alcanza a los estados provinciales”.

Capitanich propuso que se declare la emergencia económica y financiera por dos años, con la facultad del Gobierno provincial “a prorrogarla, así como para el dictado de normas complementarias, aclaratorias y reglamentarias a lo establecido en esta ley.

También pidió que se lo autorice a “disponer la rescisión, revocación y/o resolución de los contratos, cualquiera fuere su objeto, que generen obligaciones a cargo de las jurisdicciones y entidades del sector público provincial”, que fueron “celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2019”, es decir durante la gestión de su antecesor, Domingo Peppo.

En el proyecto de ley impulsado se anticipa la ejecución de “un programa de reordenamiento del personal del sector público provincial” que puede implicar “la sustitución, cambio, o modificación de funciones o tareas propias del cargo en el que revistan los agentes”, apuntó Capitanich.

El gobernador también pidió que la Legislatura faculte “al congelamiento de vacantes por un plazo de 10 años pudiendo establecer un sistema de reclutamiento interno para la cobertura de cargos en organismos que lo requieran o en las fuerzas de seguridad mediante un programa de capacitación intensa con incentivos salariales”.

La excepción será “en casos excepcionales de extrema necesidad sin obtener la concurrencia del personal dentro del reclutamiento interno se procederá a la contratación de acuerdo a la modalidad que prescribe la ley”.

 

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