La Justicia y la Nación urgieron al Municipio por el plan para utilizar el RI9

El Estado Nacional y la Justicia Federal de Corrientes pidieron explicaciones a la Municipalidad por la aprobación de la ordenanza que la habilita a realizar obras dentro del ex centro clandestino de detención de la dictadura del ex Regimiento de Infantería 9, actualmente bajo una medida cautelar y declarado sitio de memoria.

Sergio Kuchevasky, presidente del Archivo Nacional de la Memoria, solicitó a la Intendencia de Corrientes “con carácter de urgente” un informe sobre los recaudos legales para el dictado de la ordenanza en la que se declara “de interés municipal” y afectado al uso público el predio, utilizado como centro clandestino de detención por la dictadura genocida.

El fin es “garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales que pesan sobre el predio, atento a que” esa Dirección no fue “notificada ni consultada”, indica la carta.

El Regimiento 9 se encuentra bajo el alcance de la Ley 26.691, de Sitios de Memoria, por lo que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en ella la Dirección Nacional de Sitios, son autoridades de aplicación y tienen la facultad de preservación del lugar.

Al igual que el titular del Archivo Nacional de la Memoria, el juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, advirtió al intendente, Eduardo Tassano, “que pesa sobre el mismo una medida cautelar de no innovar, la cual fuera notificada en reiteradas oportunidades a ese organismo a su cargo”.

“Todo ello con el afán de proteger de cualquier tipo de alteración el citado predio”, indica.

“La importancia de lo peticionado -señaló Vallejos- obedece a que dicho espacio hasta el día de hoy, es fuente de los juicios de Lesa Humanidad que se vienen desarrollando”.

“De ahí la importancia de preservarlos para ser utilizados como espacio de memoria activa en lo que respecta a los hechos de terrorismo de Estado y violación sistemática de los derechos humanos sucedidos durante la última dictadura en nuestra ciudad”, indicó el magistrado.

La ordenanza 4528, impulsada por el Ejecutivo Municipal de Corrientes y aprobada por la mayoría automática del Concejo Deliberante, declaró al predio militar como de interés y sujeto a obras de plazas y espacios verdes, expresando un negacionismo explícito a las graves violaciones a los Derechos Humanos y con ello debilitando el concepto ciudadano del Nunca Más, lo que a las claras reafirma nuestra clara vocación democrática.