Las penurias que sufren los sirios

Los sirios siguen padeciendo desde hace casi una década un conflicto que continúa dejando duros enfrentamientos y muertes en ambos bandos.

Las negociaciones hasta ahora no dieron el resultado esperado. Por el contrario, las batallas, destrucciones y una población diezmada es toda una realidad.

El presidente Bashar al-Asad se perfila como el ganador de la guerra en Siria. Tras un devastador conflicto de ocho años que ha provocado 400.000 muertos y millones de refugiados, controla la mayor parte del territorio con la ayuda de Irán y Rusia, pero, sobre todo, apoyándose en una brutalidad sin límites. 

Pocas victorias han estado tan manchadas de sangre como la suya: miles de personas han sido torturadas y se encuentran desaparecidas, civiles han sido bombardeados incluso con gases; periodistas han sido asesinados. Por eso son tan importantes las iniciativas de fiscales y jueces de países como Alemania, Francia, Suecia o Estados Unidos que luchan, a través de casos preparados durante años, apoyados en testigos y documentos, por llevar ante la justicia a los autores de estos crímenes. 

El Gobierno sirio, además, no es el único responsable de la violencia contra la población civil, que ha sufrido lo indecible también en los territorios de los grupos rebeldes, sobre todo el Isis, que instauró un califato de terror y muerte.

La comunidad internacional tiene la obligación de hacer todo lo posible para que no queden impunes estos crímenes de guerra y contra la humanidad o, incluso, posible genocidio, en el caso de los yazidíes. 

La vía de la justicia internacional está cerrada, por el veto de Rusia y China en la ONU y porque Siria no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional. El único camino realista que queda consiste en construir casos, país por país, aprovechando que entre los refugiados que llegaron a Europa se encuentra una multitud de víctimas, que pueden ser testigos, pero también verdugos.

La Fiscalía alemana ordenó la semana pasada la detención de dos ciudadanos sirios, miembros de los servicios secretos, acusados de crímenes contra la humanidad. Y hace unos meses emitió una orden de detención internacional contra Jamil Hassan, estrecho colaborador de Al-Asad. Un tercer sospechoso ha sido interrogado en Francia. Nueve supervivientes de torturas presentaron días atrás una denuncia en Estocolmo contra altos funcionarios del régimen. En EE. UU., un juez ha condenado a funcionarios del régimen. En EE. UU., un juez ha condenado a Siria por el asesinato de la periodista Marie Colvin, que murió bajo las bombas junto al fotógrafo francés Remi Ochlik en Homs en 2012. Como ocurrió con José Couso en Bagdad en 2003 y con Juantxu Rodríguez en Panamá en 1989, ambos asesinados por soldados estadounidenses, el juez considera que no se trató de un error, sino de un ataque deliberado contra informadores para silenciarlos. Los responsables de las atrocidades cometidas en Siria no deberían sentirse seguros en ningún país. Sus crímenes fueron contra la humanidad y, por lo tanto, todos los países democráticos son responsables de llevarlos ante un tribunal.

A todo esto hay que señalar que la decisión unilateral de retirarse de Siria es una nueva demostración de la imprevisibilidad de la política exterior estadounidense en la era de Donald Trump y, sobre todo, de que las decisiones del presidente tienden a ser más perjudiciales para los aliados de EE. UU. que para sus enemigos. En este caso, además, este anuncio le ha costado la dimisión de su secretario de Defensa, Jim Mattis, uno de los últimos miembros de su gabinete capaces de frenar los impulsos descontrolados del mandatario. Trump justificó la retirada argumentando que el Isis ya había sido totalmente derrotado, una afirmación difícilmente sostenible y, además, peligrosa al minusvalorar a un enemigo que tiene todavía capacidad para hacer daño.