La política y la Justicia

El nivel de violencia verbal y simbólica al que ha escalado la política en la Argentina, da miedo. Quizá sean las declaraciones de Laura Alonso y de Paco Durañona las expresiones más cabales de esto, aunque provengan de personajes no centrales en el debate de la cosa pública.

“Lo atacan a Stornelli porque no le pudieron meter un tiro como se lo metieron a Nisman. Esta mafia antes disparaba”, dijo sin inmutarse la titular de la Oficina Anticorrupción. No se arrepintió cuando le repreguntaron. Nada. Con pocas horas de diferencia, el intendente de Areco, Francisco Durañona, lanzó: “Los nuevos miembros (de la Corte Suprema de Justicia) tienen que ser militantes nuestros, no acomplejados que cuando les llega la edad de jubilarse se van y abandonan el cargo. Los militantes nuestros van a blindar la posibilidad de avanzar y evitar que las reformas caigan en saco roto y terminen dando marcha atrás”. Todo muy republicano, respetuoso del debido proceso y de la institucionalidad.

¿Lo quisieron matar a Stornelli, dice Laura Alonso? ¿Sabe que eso sería una tentativa de homicidio y está penado por la misma ley que la obliga a denunciar bajo pena especial? ¿Fue una metáfora? ¿Le pasa el sentido del humor a Alonso por ironizar con homicidios? A esta altura, ¿puede esta funcionaria representar la ecuanimidad e independencia para investigar la corrupción en nombre de todo (dice todo, no del PRO, ni K, ni de los veganos) el Estado? Independiente ya no lo es en las formas de origen, toda vez que depende del Poder Ejecutivo nacional. Una militante investigando, acaso, a su jefe.

Pero ahora en el fondo: ¿puede ser titular de la oficina que debe investigar la corrupción ayer y hoy, gobierne quien gobierne? Los integrantes del PRO reconocen en Laurita (así la llaman) una sólida y formada militante de larga trayectoria en la defensa de sus convicciones. Y lo es. Fue una muy buen diputada que plasmó sus trabajos en poder ciudadano de otros tiempos. Pero es, claro, una militante. 

Eso habría que recordarle a Durañona, que pide militantes en la Corte. Si el PRO tuviera mayorías, ¿aceptaría la lógica de Laurita en la Corte? No es abogada, podría responderse como chicana. Sería un detalle. Tampoco lo era para asumir el cargo como pedía la ley que la antecedía. 

Luis Novaresio, en una nota en infobae.com, dice que Laurita y Paco representan algo más que sus delirios verbales. Son funcionarios en cargos institucionales que creen que esas instituciones son obstáculos para un “bien supremo” que ellos poseen. Infuso, heredado del más allá que no se explica, y menos que la ley no entiende (sic). La lucha contra la corrupción, la revolución popular o lo que sea los guía. ¿Que en el medio está la ley? ¡Un detalle! Atropellémosla. Ahora, de palabra. El problema es cuando la palabra se termina.

La política en este 2019 está en guerra. El discurso del Presidente de la Nación del 1º de marzo fue belicoso. La reacción de la oposición, maleducada e improcedente, igual. Y ahora, a todas las luces, la Justicia se ha subido a la guerra.

El fenomenal entramado de corrupción salido a la luz con los cuadernos de Centeno (¿todavía hay quienes creen que desvirtúan el tema hablando de fotocopias cuando hay arrepentimientos simultáneos de funcionarios, empresarios, lavadores de dinero y jueces?) se transformó en la trinchera PRO. El proceso por presunto apriete a manos de funcionarios judiciales, espías parajudiciales y presiones mediáticas es el bando K. Hay guerra. El juez Ramos Padilla sucumbió a la violencia verbal desatada y se presentó en una comisión forzada presidida por un general de uno de los bandos y menospreció los indicios fuertes de delito teatralizándolos con un celular en altavoz al lado de un micrófono.