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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

Es necesario luchar en defensa de la infancia

Una niña de 11 años es violada y embarazada en el ámbito familiar. En diferentes puntos del país dos, tres, cuatro, muchas niñas viven calvarios similares. Pero, a pesar de que, desde 1921, la ley autoriza la interrupción legal de esos embarazos, grupos radicalizados intentan avanzar por sobre la ley y buscan avasallar este derecho, victimizándolas una y otra vez. 

En Argentina, donde la infancia conforma el grupo de población más empobrecido, siete de cada diez víctimas de abuso sexual son niñas. Este es uno, si no el más, aberrante avasallamiento a los derechos de la infancia, pero no es el único. Pensar el embarazo en niñas o adolescentes como la expresión de “una multiplicidad de vulneraciones y carencias en el respeto de los derechos humanos y en la vigencia de políticas públicas -en especial de salud y equidad de género- es ineludible”, advierten desde la Secretaría de Salud de la Nación, ya que “implica una conjunción de serios riesgos bio-psico-sociales”. Así lo señala un estudio, coordinado por Planned Parenthood Global, que identificó “situaciones de estrés postraumático en las niñas/adolescentes que habían sido abusadas sexualmente, e ideación suicida durante el embarazo. Es que cuando una adolescente menor de 15 años queda embarazada, su presente y su futuro cambian radicalmente: termina abruptamente su ciclo educativo, enfrenta serios riesgos para su salud y su vida, se alteran sus relaciones sociales, se reducen sus perspectivas de inserción laboral, multiplicándose su vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión, la violencia y la dependencia”. Por eso se propone abordar el embarazo en la infancia y la adolescencia como caso testigo del sinnúmero de avasallamientos que sufren. 

Silvia Bacher, en una nota en el diario Perfil, dice que este informe publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -Unicef- permite ampliar la lente para adentrarnos en la situación de la pobreza en Argentina, y en particular la que afecta a este grupo. Exhibe un escenario alarmante, no sólo porque es actual, lo que de por sí es grave, sino que se sostiene en el tiempo, lo que implica un riesgo de naturalización e inacción. El análisis de los datos muestra que un 42% vive bajo la línea de pobreza (5,5 millones), un 8,6% lo hace en hogares que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos y el 48% sufre, al menos, una privación en sus derechos básicos y fundamentales. 

Este informe advierte, entre los resultados del trabajo de campo realizado por Voices Consultancy, que las principales problemáticas en las familias en situación de vulnerabilidad son el desempleo y la precarización del mercado de trabajo, aunados a un déficit habitacional y una precipitada pérdida del poder adquisitivo. Da cuenta de un crecimiento del estrés y la violencia en el seno familiar. Y advierte: “Estas situaciones están impactando en la calidad de vida de las familias con niñas, niños y adolescentes, restringen su consumo y ponen en riesgo su supervivencia, sometiéndolas a una mayor estigmatización y a situaciones de discriminación”. 

Complejiza aún más el panorama el informe presentado por el programa de Educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) que concluye que, en números absolutos, entre 2016 y 2018 la inversión educativa nacional cayó de 181 mil millones de pesos a 165 mil millones (a valores de 2018, es decir, sin contar el efecto producido por la inflación). Y más aún, si se respeta lo establecido en el Presupuesto 2019, el retroceso entre 2016 y 2019 será de 34.700 millones de pesos, también a valores de 2018. 

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