Por la presunta falsificación de documentos públicos, citaron a declarar a ex intendenta
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Por la presunta falsificación de documentos públicos, citaron a declarar a ex intendenta

En diciembre del 2017, el Jefe comunal pidió a la Justicia que investigue si su antecesora adulteró escritos para simular que tiempo atrás pasó a planta a más de 40 empleados. Entre las pruebas presentó dos resoluciones que tienen el mismo número, fueron firmadas en diferentes días y -además- su contenido es diferente.
 

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Quienes hasta diciembre del 2017 ejercían como intendenta y secretaria de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel fueron citadas a declarar hoy en carácter de imputadas en una causa en la que se investiga la presunta falsificación de documentos públicos, fraude a la administración pública y mal desempeño como funcionario. El caso se originó por la denuncia del actual intendente José Barreiro que detectó supuestas anomalías en el pase a planta de más de 40 trabajadores.
Precisamente, días después de asumir como Jefe comunal y mientras realizaban la revisión de una serie de documentaciones observaron que había datos que parecían no coincidir. En aquella oportunidad, Barreiro comentó a El Litoral que en los balances que había presentado su antecesora en septiembre del 2017 figuraban aproximadamente una decena de empleados de planta permanente. Pero ese número comenzó a incrementarse en las rendiciones de los meses posteriores. “Llamativamente después de que perdieron la elección”, había indicado Barreiro. Pero eso podría convertirse en una cuestión casi anecdótica sino fuera porque -advirtió- esas incorporaciones de personal permanente “están acreditadas con resoluciones emitidas en el 2015, 2016 e inclusive febrero del 2017”.
“Si los pases a planta se realizaron en esas fechas, en los balances que presentó de septiembre del 2017 tendrían que haber figurado que el Municipio tenía unos 50 empleados”, destacó Marcelo Fernández, quien es el abogado querellante, es decir, que patrocina a Barreiro en esta causa.

Prueba en el STJ
“Pero lo más grave es lo que se observa en la resolución Nº 82/15”, señaló el letrado. En este sentido recordó que en 2016 hubo un conflicto de poderes entre el Concejo y el Ejecutivo por una discrepancia sobre cuántos votos son necesarios para la aprobación de ordenanzas y el rechazo de vetos. El caso fue motivo de una mediación que se realizó en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y en la que participaron precisamente la entonces intendenta Alicia González y los ediles que estaban patrocinados también por Fernández. Fue en ese contexto que la ex Jefa comunal presentó una copia de la resolución 82/15 con fecha 18 de agosto de 2015, a través de la cual notificaban al Concejo de la implementación de un sistema para que ellos -en determinados días y horarios- pudieran acceder a la documentación respaldatoria de una de las rendiciones trimestrales. “Ese documento tenía la firma tanto de González como de quien era en ese momento la secretaria de Gobierno”, acotó Fernández al exhibir el escrito.
Inmediatamente después agregó: “Hasta ahí todo parece estar bien, pero resulta que después aparece una de las presuntas resoluciones que acreditan pases a planta que también es Nº 82/15, pero con fecha de emisión 3 de agosto del 2015, y nuevamente con las firmas de quienes fueron la intendenta y la secretaria de Gobierno, respectivamente”.
Sobre esto, remarcó que “la primera resolución 82 es parte de las pruebas que ellos presentaron ante el STJ en una causa por un conflicto de poderes y que nada tenía que ver con los pases a planta”. 
Estos y otros documentos que la Justicia habría obtenido en un allanamiento, que realizó a fines del 2017 en la Municipalidad de San Miguel, serían parte de los fundamentos por los que avanzaría la investigación de la causa en la que dos ex funcionarias deberán prestar declaración como imputadas.

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Por la presunta falsificación de documentos públicos, citaron a declarar a ex intendenta

En diciembre del 2017, el Jefe comunal pidió a la Justicia que investigue si su antecesora adulteró escritos para simular que tiempo atrás pasó a planta a más de 40 empleados. Entre las pruebas presentó dos resoluciones que tienen el mismo número, fueron firmadas en diferentes días y -además- su contenido es diferente.
 

Quienes hasta diciembre del 2017 ejercían como intendenta y secretaria de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel fueron citadas a declarar hoy en carácter de imputadas en una causa en la que se investiga la presunta falsificación de documentos públicos, fraude a la administración pública y mal desempeño como funcionario. El caso se originó por la denuncia del actual intendente José Barreiro que detectó supuestas anomalías en el pase a planta de más de 40 trabajadores.
Precisamente, días después de asumir como Jefe comunal y mientras realizaban la revisión de una serie de documentaciones observaron que había datos que parecían no coincidir. En aquella oportunidad, Barreiro comentó a El Litoral que en los balances que había presentado su antecesora en septiembre del 2017 figuraban aproximadamente una decena de empleados de planta permanente. Pero ese número comenzó a incrementarse en las rendiciones de los meses posteriores. “Llamativamente después de que perdieron la elección”, había indicado Barreiro. Pero eso podría convertirse en una cuestión casi anecdótica sino fuera porque -advirtió- esas incorporaciones de personal permanente “están acreditadas con resoluciones emitidas en el 2015, 2016 e inclusive febrero del 2017”.
“Si los pases a planta se realizaron en esas fechas, en los balances que presentó de septiembre del 2017 tendrían que haber figurado que el Municipio tenía unos 50 empleados”, destacó Marcelo Fernández, quien es el abogado querellante, es decir, que patrocina a Barreiro en esta causa.

Prueba en el STJ
“Pero lo más grave es lo que se observa en la resolución Nº 82/15”, señaló el letrado. En este sentido recordó que en 2016 hubo un conflicto de poderes entre el Concejo y el Ejecutivo por una discrepancia sobre cuántos votos son necesarios para la aprobación de ordenanzas y el rechazo de vetos. El caso fue motivo de una mediación que se realizó en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y en la que participaron precisamente la entonces intendenta Alicia González y los ediles que estaban patrocinados también por Fernández. Fue en ese contexto que la ex Jefa comunal presentó una copia de la resolución 82/15 con fecha 18 de agosto de 2015, a través de la cual notificaban al Concejo de la implementación de un sistema para que ellos -en determinados días y horarios- pudieran acceder a la documentación respaldatoria de una de las rendiciones trimestrales. “Ese documento tenía la firma tanto de González como de quien era en ese momento la secretaria de Gobierno”, acotó Fernández al exhibir el escrito.
Inmediatamente después agregó: “Hasta ahí todo parece estar bien, pero resulta que después aparece una de las presuntas resoluciones que acreditan pases a planta que también es Nº 82/15, pero con fecha de emisión 3 de agosto del 2015, y nuevamente con las firmas de quienes fueron la intendenta y la secretaria de Gobierno, respectivamente”.
Sobre esto, remarcó que “la primera resolución 82 es parte de las pruebas que ellos presentaron ante el STJ en una causa por un conflicto de poderes y que nada tenía que ver con los pases a planta”. 
Estos y otros documentos que la Justicia habría obtenido en un allanamiento, que realizó a fines del 2017 en la Municipalidad de San Miguel, serían parte de los fundamentos por los que avanzaría la investigación de la causa en la que dos ex funcionarias deberán prestar declaración como imputadas.