Goya: inician el juicio oral a ex funcionarios por presunto incumplimiento de sus deberes
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Goya: inician el juicio oral a ex funcionarios por presunto incumplimiento de sus deberes

En la causa se investiga el supuesto quebrantamiento de la Ley de Administración Financiera en la firma de acuerdos entre la Comuna y la delegación local del Ejército. Desde la defensa de quienes realizaron las rúbricas, sostienen que además de no existir tal infracción, tampoco generaron daño al Municipio y a la comunidad.
 

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En el Tribunal Oral Penal de Goya, desde mañana y hasta el jueves, se desarrollará el juicio contra el ex jefe comunal Gerardo Bassi y quien fue secretario de Hacienda, Pedro Raimundi, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta causa se inició con una denuncia de un particular que consideró que las dos personas que en ese momento eran autoridades comunales, no habrían respetado legislación vigente cuando rubricaron acuerdos con el Ejército.
En la primera jornada está previsto que declaren tres personas como testigos, una de ellas, es precisamente quien en el 2015 presentó la denuncia ante la Fiscalía: Luis María Díaz Colodrero.
Precisamente, el citado ex legislador fue quien planteó una serie de objeciones el convenio rubricado en el 2014 entre el Municipio y el entonces jefe del Batallón de Ingenieros de Monte 12 del Ejército Argentino.
Según esos acuerdos, la citada fuerza de seguridad les proveería de maquinaria y personal para ejecutar una serie de obras necesarias, tras una emergencia hídrica que se registró en la  zona. Mientras que el Municipio les pagaría con bienes y servicios.
Precisamente, la forma en qué se habría concretado esa compensación es lo que objetó en un principio Díaz Colodrero, quien entre otros temas, cuestionaría que no se respetó la legislación vigente para ese  tipo de casos.

En el 2014
Previo a la presentación judicial y en respuesta a algunos cuestionamientos, el diciembre del 2014, el entonces intendente emitió un comunicado en el que expresaba que ante las dificultades financieras con las que heredó el Municipio, evaluó alternativas para ejecutar obras. Y fue en ese contexto que resolvió “ampliar el acuerdo marco de apoyo a la comunidad firmado por la anterior gestión, entre la Municipalidad de Goya, el Ejército Argentino y Agenpro, que permitía la ejecución de obras en la Zona de Actividades Económicas con maquinaria pesada del Batallón de Ingenieros de Monte 12”. 
Sobre esto detalló que “las obras acordadas entre la Comuna y el Batallón, para que este provea de maquinaria, fueron: remodelación de la playa Norte Ingá, del predio Costa Surubí y recomposición de defensas costeras, obras en la ZAE, trabajos del programa ‘Mi barrio puede’, entre otras”.
Asimismo, en aquel momento especificaron que “por los convenios 1, 2, 4, 5 y 6 -exceptuando el 3 que corresponde a Agenpro- ha contratado la cantidad de 3.092,5 horas máquinas y como contraprestación ha entregado bienes y servicios por el equivalente a $558.556,90”. Y entre los bienes y servicios entregados mencionaron “materiales de construcción; repuestos y componentes de vehículos y/o maquinarias; equipamiento, repuestos y/o insumos informáticos; traslado; servicios de reparación y mantenimiento de maquinarias; servicios para eventos, etc.

Defensa
“La acusación para plantear que incumplieron con sus deberes de funcionario público se basa en que presuntamente al realizar los pagos para compensar los servicios prestados por el Ejército no respetaron los topes que fija la Ley de Administración Financiera para la contratación directa. Pero esto no es así, porque en realidad lo que abonó la Comuna fue para financiar obras públicas. Y para este tipo de casos, los topes fijados por la legislación son superiores”, adujeron desde la defensa al ser consultados por El Litoral. En este sentido, agregaron que “no superaron esos límites”. Pero además consideraron que “se está descontextualizando. Se trata por todos los medios de ver si encuentran algún incumplimiento en el procedimiento administrativo cuando todos saben que sólo el Ejército contaba con el equipamiento necesario para ejecutar los trabajos”.
Además -añadieron- “los convenios y los respectivos pagos no afectaron a la administración municipal ni a la población, por el contrario”.

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Goya: inician el juicio oral a ex funcionarios por presunto incumplimiento de sus deberes

En la causa se investiga el supuesto quebrantamiento de la Ley de Administración Financiera en la firma de acuerdos entre la Comuna y la delegación local del Ejército. Desde la defensa de quienes realizaron las rúbricas, sostienen que además de no existir tal infracción, tampoco generaron daño al Municipio y a la comunidad.
 

En el Tribunal Oral Penal de Goya, desde mañana y hasta el jueves, se desarrollará el juicio contra el ex jefe comunal Gerardo Bassi y quien fue secretario de Hacienda, Pedro Raimundi, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta causa se inició con una denuncia de un particular que consideró que las dos personas que en ese momento eran autoridades comunales, no habrían respetado legislación vigente cuando rubricaron acuerdos con el Ejército.
En la primera jornada está previsto que declaren tres personas como testigos, una de ellas, es precisamente quien en el 2015 presentó la denuncia ante la Fiscalía: Luis María Díaz Colodrero.
Precisamente, el citado ex legislador fue quien planteó una serie de objeciones el convenio rubricado en el 2014 entre el Municipio y el entonces jefe del Batallón de Ingenieros de Monte 12 del Ejército Argentino.
Según esos acuerdos, la citada fuerza de seguridad les proveería de maquinaria y personal para ejecutar una serie de obras necesarias, tras una emergencia hídrica que se registró en la  zona. Mientras que el Municipio les pagaría con bienes y servicios.
Precisamente, la forma en qué se habría concretado esa compensación es lo que objetó en un principio Díaz Colodrero, quien entre otros temas, cuestionaría que no se respetó la legislación vigente para ese  tipo de casos.

En el 2014
Previo a la presentación judicial y en respuesta a algunos cuestionamientos, el diciembre del 2014, el entonces intendente emitió un comunicado en el que expresaba que ante las dificultades financieras con las que heredó el Municipio, evaluó alternativas para ejecutar obras. Y fue en ese contexto que resolvió “ampliar el acuerdo marco de apoyo a la comunidad firmado por la anterior gestión, entre la Municipalidad de Goya, el Ejército Argentino y Agenpro, que permitía la ejecución de obras en la Zona de Actividades Económicas con maquinaria pesada del Batallón de Ingenieros de Monte 12”. 
Sobre esto detalló que “las obras acordadas entre la Comuna y el Batallón, para que este provea de maquinaria, fueron: remodelación de la playa Norte Ingá, del predio Costa Surubí y recomposición de defensas costeras, obras en la ZAE, trabajos del programa ‘Mi barrio puede’, entre otras”.
Asimismo, en aquel momento especificaron que “por los convenios 1, 2, 4, 5 y 6 -exceptuando el 3 que corresponde a Agenpro- ha contratado la cantidad de 3.092,5 horas máquinas y como contraprestación ha entregado bienes y servicios por el equivalente a $558.556,90”. Y entre los bienes y servicios entregados mencionaron “materiales de construcción; repuestos y componentes de vehículos y/o maquinarias; equipamiento, repuestos y/o insumos informáticos; traslado; servicios de reparación y mantenimiento de maquinarias; servicios para eventos, etc.

Defensa
“La acusación para plantear que incumplieron con sus deberes de funcionario público se basa en que presuntamente al realizar los pagos para compensar los servicios prestados por el Ejército no respetaron los topes que fija la Ley de Administración Financiera para la contratación directa. Pero esto no es así, porque en realidad lo que abonó la Comuna fue para financiar obras públicas. Y para este tipo de casos, los topes fijados por la legislación son superiores”, adujeron desde la defensa al ser consultados por El Litoral. En este sentido, agregaron que “no superaron esos límites”. Pero además consideraron que “se está descontextualizando. Se trata por todos los medios de ver si encuentran algún incumplimiento en el procedimiento administrativo cuando todos saben que sólo el Ejército contaba con el equipamiento necesario para ejecutar los trabajos”.
Además -añadieron- “los convenios y los respectivos pagos no afectaron a la administración municipal ni a la población, por el contrario”.