Ordenaron indemnizar a trabajadores explotados en un campo de Paso de los Libres

En junio del 2013, ocho hombres explotados laboralmente en un campo de la ciudad de Paso de los Libres fueron rescatados por Gendarmería Nacional. Entre ellos había un menor de edad que en ese momento tenía 16 años. El caso llegó a juicio en mayo del año pasado donde el fiscal Federal Carlos Schaefer solicitó penas de 10 y 12 años a los empresarios Iván Giménez quien se encargaba de captar a las víctimas y al dueño del campo Ángel Alessio. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió condenarlos a cuatro y seis años, respectivamente.

En su alegato durante el debate, el fiscal Federal reclamó además de las sentencias a prisión que se repare el daño a las víctimas con un resarcimiento económico calculado en 300.000  pesos para cada uno y 37 mil pesos mensuales por haberes según el convenio colectivo vigente, tal como informó la Agencia Télam en su momento.

En dicha sentencia, la solicitud del representante del Ministerio Público de otorgar una reparación económica a estos hombres fue rechazada. No obstante, Schaefer  llevó el reclamo a la Cámara Federal de Casación Penal donde, el pasado 30 de abril, se ordenó al tribunal correntino que se les pague la indemnización por un monto que debe surgir luego de que los jueces locales escuchen a las partes, según informa el fallo al que ellitoral.com.ar tuvo acceso.

El caso

Los ocho trabajadores llegaron al interior correntino bajo la promesa de trabajar en forestación por una buena paga. Algunos provenían de Misiones. Quien se encargó de captarlos fue Gimenez quien las acogía en su casa y luego los trasladaba al campo donde trabajan 12 horas de lunes a domingo. No contaban con medio de transporte propio para salir del monte como tampoco con asistencia médica. En el predio se alojaban en casillas de madera, chapa y cartón donde estaban en situación de hacinamiento, falta de higiene y salubridad. Las provisiones de comida eran escasas e incluso en estado de descomposición.

De las víctimas, dos fueron los denunciantes del hecho que debieron atravesar. Los mismos, según informaron desde el Ministerio Público, eran personas con una “extrema necesidad económica” y con “escaso nivel social y cultural”. Nunca recibieron la paga prometida por los empresarios.