Unas 13 entidades reclamaron por la ley de ética pública y normalización de entes

 Con adhesión de 12 entidades que nuclean a gremios estatales, asociaciones empresariales, de usuarios, civiles y religiosas, la Federación de Entidades Profesionales de la Provincia de Corrientes (Fepuc) presentó una nota dirigida al gobernador Gustavo Valdés a través de la cual solicita la plena vigencia del Código de Etica Pública. También, la adhesión local a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, como así el cese de las intervenciones de los entes descentralizados.

El documento lleva por título “El cumplimiento en tiempo y forma de las leyes, conlleva a una mejor calidad institucional y, por extensión, a una mayor seguridad jurídica”. Fue presentado el 11 de junio en Casa de Gobierno por la Fepuc y cuenta con la adhesión de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes (AUC), el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj), la Asociación de Trabajadores del Estado Corrientes (ATE), el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Corrientes (Canillitas), el Rotary Club Corrientes, la seccional Corrientes de La Asociación Bancaria, la Asociación de la Producción, la Industria y Comercio de Corrientes, la Asociación de Profesionales Católicos, Iglesias Cristianas de Corrientes, el Sindicato de Obreros y Empleados Telefónicos de Corrientes (Soetco), la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp), y la Asociación Civil “Compromiso Ciudadano”.

La federación y organizaciones adherentes solicitaron al Gobierno provincial, disponga, a la mayor brevedad posible, “a través de los pertinentes mecanismos técnicos- legales, a la puesta en vigencia real y efectiva de lo dispuesto por la Ley Provincial N° 5911 (Código de Etica Pública de la Provincia de Corrientes), cuya sanción se operó en el año 2009, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Provincial, al tiempo de ser reformada la misma durante el año 2007”.

“Tal ley carece hasta el presente de la debida integración de la Comisión Provincial de Etica Pública de la Provincia de Corrientes, prevista expresamente en el artículo 42 de dicha norma legal, como asimismo falta dar cumplimiento efectivo a lo dispuesto, entre otros, por los artículos 43 y 44”, expresan entre los motivos de la solicitud. Sucede que “una norma legal en estas condiciones carece de posibilidad de ser aplicada en forma efectiva y concreta, de tal forma que se termina pareciendo a una ley muerta”, fundamentó Fepuc.

La Federación, a su vez, expuso que se trata de una ley de “alta sensibilidad y preocupación a grandes sectores de nuestra comunidad provincial, especialmente, en la actualidad, por los hechos de público conocimiento, particularmente acontecidos a nivel nacional, en el ámbito de la Justicia Nacional”.

Por otra parte, solicitaron la adhesión del Estado Provincial a la Ley Nacional N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, a fin de que pueda ser aplicada en la geografía provincial. Además, en la misma línea argumental, consideraron “imperioso que se arbitren los medios pertinentes, medios fácticos- jurídicos, para que dentro del menor plazo posible, cese la intervención que hoy existe sobre la totalidad de los entes autárquicos y/o descentralizados de la Provincia de Corrientes”, que se desempeñan hace varias décadas “en franca violación a lo dispuesto por el artículo 84 y subsiguiente de la Ley Provincial N° 3460”, que es el Código de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Corrientes.

La solicitud transversal y plural, puesto que demandó la adhesión de varias entidades de diversos ámbitos en la comunidad local, marca la pauta de que se corresponde con un pedido concreto de ejecución de política pública en materia ética.