El dolor de una justicia insensible
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El dolor de una justicia insensible

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Por Carlos Rozanski
Ex juez. Especial para El Litoral

En la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, desde el año 2007, y a 37 años de los hechos, tramita una causa por delitos de lesa humanidad que resulta emblemática. Es la denominada causa “Malvinas” y se encuentran imputados 95 miembros de las Fuerzas Armadas por graves torturas. Estaqueamientos, inmersión de soldados desnudos en agua helada, enterramiento hasta el cuello, picanas con teléfonos de campaña, golpes y violencia sexual, entre otros padecimientos físicos y psicológicos integran el catálogo de acusaciones que en pocos días se les deberían haber enrostrado a los acusados. 
Como sucede con la mayoría de las causas por delitos de lesa humanidad, los últimos años la desaceleración de los procesos ha sido notable. Han transitado la misma involución que se refleja desde una gestión de gobierno claramente favorecedora de la impunidad en uno de los temas más sensibles a nuestra comunidad. 
La banalización de los aberrantes delitos cometidos durante la dictadura genocida, incluida la puesta en duda de la cantidad de desaparecidos, resulta una elocuente y trágica muestra de la ubicación ideológica de las actuales autoridades nacionales. 
Posicionamiento que se extiende a los hechos acaecidos en nuestra islas Malvinas. 
A principios de mayo, el juez subrogante en el Juzgado Federal de la citada ciudad austral dispuso el llamado a indagatoria de 18 de los imputados por gravísimos hechos de variados tormentos. Las declaraciones debían prestarse entre los días 27 de junio y 4 de julio próximos. La Dra., Mariel Borruto, actual jueza a cargo del Juzgado citado, dispuso intempestivamente suspender las indagatorias de los acusados. 
Argumentó la magistrada, entre otras cosas, que “…teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra este Juzgado Federal, cuya titularidad asumí el pasado día 8 de mayo, para afrontar la actividad que supone el llamado a indagatoria efectuado el día 5 de diciembre del 2018, cuyas fechas fueran dispuestas por el Sr., juez subrogante en fecha 2 de mayo de este año, entiendo que corresponde analizar la viabilidad de llevar   adelante dichas audiencias, en los días y horas fijadas…
En ese sentido, no puede desconocerse que en la actualidad este Juzgado Federal no cuenta, pese a así haberlo solicitado tanto mis antecesores como quien suscribe, con una asignación de personal específico para la actividad que demanda la instrucción de estas actuaciones… Esta situación dificulta que pueda garantizarse la normal realización de las audiencias fijadas, en la que se contará con la presencia de los imputados, pero así también, muy probablemente, de numerosas personas interesadas en el trámite de la presente”. 
Finaliza la resolución suspendiendo las audiencias fijadas. 
La decisión de la jueza motivó la airada reacción de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante en la causa, la que se pronunció con un enérgico rechazo señalando que “esta decisión que se apoya en argumentos endebles y que sigue condenando a las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad a una espera angustiante. La resolución de la jueza desconoce también la lucha histórica del Centro de Ex Combatientes La Plata que viene, desde hace 12 años, reclamando justicia. La causa Malvinas se inició en 2007, tiene 95 imputados y 120 denuncias”. Ante la situación planteada, cabe recordar que las decisiones de los jueces en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos no atañen solo a las víctimas y sus familiares. Son decisiones que afectan a la comunidad toda y en ese marco es que deben ser interpretados. 
Sobre la magnitud del daño de los delitos cometidos en Malvinas, resulta significativo lo escrito por Jean Améry, el filósofo austríaco que fue torturado por la Gestapo y después deportado al campo de concentración de Auschwitz: 
“Quien ha sido torturado lo sigue estando (...). Quien ha sufrido el tormento no podrá ya encontrar lugar en el mundo, la maldición de la impotencia no se extingue jamás. La fe en la humanidad, tambaleante ya con la primera bofetada, demolida por la tortura luego, no se recupera jamás”. La cita transcripta fue tomada del conocido libro Los hundidos y los salvados (1986) de Primo Levi, también sobreviviente de los campos de concentración nazis. 
A 12 años de iniciada la causa y 37 de los hechos, prolongar la agonía de las víctimas y sus afectos, por “falta de espacio” o “insuficiencia de personal”, sorprende. Cómo no percatarse de que las víctimas y sus acompañantes siempre van a preferir que se indague a los imputados, aunque tengan que ver el acto a través de un televisor o, incluso, esperando en la fría vereda del Juzgado Federal. La temperatura de Río Grande nunca va a ser tan helada, ni dañina como las consecuencias de decisiones que desconocen el dolor del prójimo. 

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El dolor de una justicia insensible

Por Carlos Rozanski
Ex juez. Especial para El Litoral

En la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, desde el año 2007, y a 37 años de los hechos, tramita una causa por delitos de lesa humanidad que resulta emblemática. Es la denominada causa “Malvinas” y se encuentran imputados 95 miembros de las Fuerzas Armadas por graves torturas. Estaqueamientos, inmersión de soldados desnudos en agua helada, enterramiento hasta el cuello, picanas con teléfonos de campaña, golpes y violencia sexual, entre otros padecimientos físicos y psicológicos integran el catálogo de acusaciones que en pocos días se les deberían haber enrostrado a los acusados. 
Como sucede con la mayoría de las causas por delitos de lesa humanidad, los últimos años la desaceleración de los procesos ha sido notable. Han transitado la misma involución que se refleja desde una gestión de gobierno claramente favorecedora de la impunidad en uno de los temas más sensibles a nuestra comunidad. 
La banalización de los aberrantes delitos cometidos durante la dictadura genocida, incluida la puesta en duda de la cantidad de desaparecidos, resulta una elocuente y trágica muestra de la ubicación ideológica de las actuales autoridades nacionales. 
Posicionamiento que se extiende a los hechos acaecidos en nuestra islas Malvinas. 
A principios de mayo, el juez subrogante en el Juzgado Federal de la citada ciudad austral dispuso el llamado a indagatoria de 18 de los imputados por gravísimos hechos de variados tormentos. Las declaraciones debían prestarse entre los días 27 de junio y 4 de julio próximos. La Dra., Mariel Borruto, actual jueza a cargo del Juzgado citado, dispuso intempestivamente suspender las indagatorias de los acusados. 
Argumentó la magistrada, entre otras cosas, que “…teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra este Juzgado Federal, cuya titularidad asumí el pasado día 8 de mayo, para afrontar la actividad que supone el llamado a indagatoria efectuado el día 5 de diciembre del 2018, cuyas fechas fueran dispuestas por el Sr., juez subrogante en fecha 2 de mayo de este año, entiendo que corresponde analizar la viabilidad de llevar   adelante dichas audiencias, en los días y horas fijadas…
En ese sentido, no puede desconocerse que en la actualidad este Juzgado Federal no cuenta, pese a así haberlo solicitado tanto mis antecesores como quien suscribe, con una asignación de personal específico para la actividad que demanda la instrucción de estas actuaciones… Esta situación dificulta que pueda garantizarse la normal realización de las audiencias fijadas, en la que se contará con la presencia de los imputados, pero así también, muy probablemente, de numerosas personas interesadas en el trámite de la presente”. 
Finaliza la resolución suspendiendo las audiencias fijadas. 
La decisión de la jueza motivó la airada reacción de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante en la causa, la que se pronunció con un enérgico rechazo señalando que “esta decisión que se apoya en argumentos endebles y que sigue condenando a las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad a una espera angustiante. La resolución de la jueza desconoce también la lucha histórica del Centro de Ex Combatientes La Plata que viene, desde hace 12 años, reclamando justicia. La causa Malvinas se inició en 2007, tiene 95 imputados y 120 denuncias”. Ante la situación planteada, cabe recordar que las decisiones de los jueces en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos no atañen solo a las víctimas y sus familiares. Son decisiones que afectan a la comunidad toda y en ese marco es que deben ser interpretados. 
Sobre la magnitud del daño de los delitos cometidos en Malvinas, resulta significativo lo escrito por Jean Améry, el filósofo austríaco que fue torturado por la Gestapo y después deportado al campo de concentración de Auschwitz: 
“Quien ha sido torturado lo sigue estando (...). Quien ha sufrido el tormento no podrá ya encontrar lugar en el mundo, la maldición de la impotencia no se extingue jamás. La fe en la humanidad, tambaleante ya con la primera bofetada, demolida por la tortura luego, no se recupera jamás”. La cita transcripta fue tomada del conocido libro Los hundidos y los salvados (1986) de Primo Levi, también sobreviviente de los campos de concentración nazis. 
A 12 años de iniciada la causa y 37 de los hechos, prolongar la agonía de las víctimas y sus afectos, por “falta de espacio” o “insuficiencia de personal”, sorprende. Cómo no percatarse de que las víctimas y sus acompañantes siempre van a preferir que se indague a los imputados, aunque tengan que ver el acto a través de un televisor o, incluso, esperando en la fría vereda del Juzgado Federal. La temperatura de Río Grande nunca va a ser tan helada, ni dañina como las consecuencias de decisiones que desconocen el dolor del prójimo.