Organizaciones se movilizaron por protocolo ILE y la derogación del decreto “pro vida”

 El fallo judicial de Paso de los Libres que se conoció días atrás trajo nuevamente el debate sobre la Interrupción Legal de Embarazos (ILE) producto de violaciones, que está avalada por el Código Penal desde el año 1921. En este marco, en la mañana de ayer el Colectivo de Mujeres Organizadas junto con otras organizaciones feministas y sociales, se movilizaron al Ministerio de Salud, al Poder Judicial y a la Legislatura exigiendo la adhesión al Protocolo de ILE y la derogación del decreto que declara a la provincia como “pro vida”. 

La marcha se origina en el caso de la joven del interior provincial que solicitó una ILE después de haber sido violada en reiteradas oportunidades por su padrastro -del cual ya tuvo un hijo-, pero que sin embargo se lo negaron. Por ello, hoy las militantes feministas se declaran en “estado de alerta”. 

“Nos movilizamos para visibilizar nuestro rechazo a la decisión del fallo judicial, no queremos que sea un antecedente y que hagan parir a niñas, adolescentes y mujeres que están en una situación crítica social y económica, y deciden no tener el bebé. El fallo tiene que ver con la mirada ‘pro vida’ de la provincia, creen que la mujer es una incubadora, no importa si fue violada”, dijo a El Litoral Soledad Ross, del Colectivo de Mujeres. 

También agregó que “el protocolo del aborto no punible está desde el año 1921 y parece que no existiera, la provincia debe acatar la ley nacional”. “El Estado abandonó a esta adolescente que fue violada varias veces y no quería volver a tener un hijo de su violador”, dijo. 

En este sentido, sostuvo que “pedimos al Superior Tribunal de Justicia que revea la situación y que sancione a esta jueza; también hablamos de una situación en Casa de Gobierno, pedimos la derogación del decreto ‘pro vida’ y que el ministro de Salud Ricardo Cardozo se retire de sus funciones”.

Desde Mujeres de la Matria Latinoamericana, Mónica Baglieto expresó a este diario que “el objetivo fue hacer visible que no estamos conformes con que den la guarda provisoria de un bebé en gestación; esta adolescente ya había tenido un hijo del mismo violador”. “La joven acudió al juzgado para una ILE, pero la enviaron a una consulta psicológica donde luego cambió de opinión, no sabemos qué pasó, pero radicalmente cambió su postura”, relató.

También pidieron la Ley Micaela para la capacitación del Estado en perspectiva de género. “Quedamos en estado de alerta y asamblea”, afirmó Baglieto a El Litoral.