El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer reglas que permitirán denegar el permiso de residencia a muchos inmigrantes legales que reciben ayuda del Estado para remedios, vivienda o alimentos, en una medida que según los críticos priva de sus derechos a los más vulnerables en favor de los más pudientes.
Las leyes federales del país ya obligan a aquellos que quieren ser residentes permanentes y acceder a la condición legal, a probar que no se convertirán en una “carga pública” para el Estado, pero las nuevas normativa amplía el número de programas de asistencia cuyo uso podría descalificarlos.
La medida es parte de una gran reforma del sistema nacional de inmigración que el gobierno del republicano Trump impulsa desde hace tiempo.
Mientras que hasta ahora el foco de la atención estaba en los esfuerzos para combatir la inmigración ilegal, los cambios anunciados apuntan contra aquellas personas que entraron en Estados Unidos de manera legal -para trabajar o estudiar, por ejemplo- y que buscan la residencia permanente.
Funcionarios han dicho que los cambios se inscriben en el marco de una intención más general de virar hacia un sistema inmigratorio basado en las calificaciones de los inmigrantes más bien que en los vínculos familiares que puedan tener con estadounidenses u otros extranjeros que ya residen en el país de manera legal.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) ahora sopesará no sólo la cuestión de la asistencia pública sino también otras como la educación, el nivel de ingreso y la salud para determinar si concede el estatus legal.
Las reglas comenzarán a regir a mediados de octubre. No aplican a los ciudadanos estadounidenses, incluso si el ciudadano estadounidense tiene parentesco con un inmigrante que sí esté sujeto a ellas.
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