Algunos gremios estatales y dirigentes opositores manifestaron su queja por lo que consideraron sería una “armonización” del Instituto de Previsión Social. El Senado tratará la próxima semana el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que aprueba el Acuerdo de Compromiso y el Convenio Bilateral de Financiamiento suscriptos con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
En el Gobierno provincial negaron a El Litoral la posibilidad de que la caja previsional sea entregada a la Nación.
“Este convenio que ahora discute la Legislatura lo firmaron las 13 provincias que tienen caja previsional en sus manos”, explicó un fuente allegada a Salta y 25 de Mayo. “No hay posibilidades de una armonización de la caja previsional provincial, para eso primero debería discutirse una reforma del sistema nacional, y hoy no hay chances de que eso pase”, detallaron.
“El Acuerdo de Compromiso y el Convenio Bilateral de Financiamiento suscriptos entre la Anses y el Gobierno nacional corresponden a los años 2017 y 2018, que ya se concretaron y necesitan el aval legislativo”, indicaron. “Corrientes recibió unos 500 millones de pesos, pero eso no implica armonizar el IPS”, aseguraron.
En 2018 se repartieron $11.407 millones para las cajas previsionales, según datos oficiales de Anses. Para 2019 se proveyeron $25.000 millones, a repartir entre Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, que son los distritos que conservan sus sistemas.
En la Argentina hay, además del régimen nacional, seis especiales, seis de retiro, 84 cajas profesionales provinciales, 13 de empleo público provincial, 29 municipales, dos de empleados bancarios y unas 20 cajas complementarias.
Pese a los años de reclamos de “armonización”, muy pocas de las provincias que mantienen sus sistemas avanzaron en la concreción de reformas. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, amagó con modificaciones, pero terminó bajando el tema de la agenda; proyectaba llevar a 60 años la edad de jubilación de las mujeres y a 65 la de los varones, y exigir 35 años de servicio (para los docentes la exigencia era de 60 y 57 años de edad, y de 25 años con aportes). La suba de la edad se planteaba de manera escalonada.
Santa Cruz mantiene la edad de 50 para las mujeres y 55 para los hombres, con 25 años de aportes; Entre Ríos es otro de los distritos con menor exigencia de edad para acceder a la jubilación (45 años) y con menor densidad de aportes (20 años), además, las pensiones son hereditarias. Tierra del Fuego aprobó a fines de 2017 una reforma que incluyó que el cálculo del haber es del 82% con la condición de que haya 25 años de aportes (por cada uno que falte se detrae un 3%); la mujer se retira a los 51 años con 26 de servicio, y el hombre a los 56, con 30 de servicio. En La Pampa, el gobernador Carlos Verna rechazó introducir cambios.
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