Proyectan finalizar el nuevo Código Procesal Civil para noviembre

A paso firme, la comisión redactora avanza en la elaboración del anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes. Volverá a reunirse hoy para trabajar en cada uno de los artículos y ratificaron que aspiran a tener finalizada la propuesta para el mes de noviembre. 

“Acordamos reunirnos todos los martes a las 18. Ya aprobamos el primer capítulo”, señaló a El Litoral, el diputado Horacio Pozo (ELI), además de considerar que “se avanzó rápido la semana pasada. Todos tienen la expectativa de finalizar el anteproyecto para noviembre”. 

La comisión redactora está conformada por distintas instituciones vinculadas al quehacer judicial. Forman parte los representantes del Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo provincial, el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho de la Unne, de la Universidad Católica de Salta, de la Universidad de la Cuenca del Plata, de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (Amja), del Sitraj, del Círculo de Estudios Procesales “Doctor Virgilio Acosta”, miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y demás diputados.

Este grupo tiene la tarea de terminar de redactar un borrador del nuevo Código Procesal Civil y Comercial para Corrientes, que cuenta con aportes concretos de la Facultad de Derecho de la Unne, del STJ y del Sitraj. También se consideran como base el anteproyecto presentado a nivel nacional y el que está siendo instrumentado en la provincia del Chaco.

Por ejemplo, en representación de la Facultad de Derecho, Gladis Estigarribia de Midón y Marcelo Sebastián Midón elevaron un anteproyecto producto de tres años de trabajo. A través del mismo, plantean novedades para abreviar los procesos y propone la conformación de una comisión de seguimiento para aplicar progresivamente el sistema por audiencias. Según explicó a El Litoral, la doctora Estigarribia, con esta propuesta se establecen las bases para servicio de justicia de calidad, con el propósito de dotar a los justiciables de procesos “efectivos y eficaces, fácilmente accesibles, rápidos y económicos”.