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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

Un segundo semestre para el empleo

Por Javier Lindenboim (*)

Publicado en Clarín.

Las perspectivas de que el empleo en la última parte del año difiera significativamente del primer semestre son exiguas. En materia de empleo registrado, los primeros seis meses de 2020 contrastan con la media semestral tanto del segundo mandato de CFK como del gobierno de Cambiemos.

Entre 2012 y 2015 (computando solo el primer semestre) la creación fue de 150.000 puestos, más de la mitad de esa cifra fueron estatales y apenas un sexto privados.

En la gestión de Cambiemos la creación media anual del primer semestre fue solo un cuarto de aquella magnitud. La diferencia principal radicó en la escasa cuantía de la creación de puestos públicos (apenas un 40 % del total) que compensó la caída de asalariados privados. El resto de las categorías de empleo registrado no mostró modificaciones significativas.

Este año no solo no se crearon sino que se destruyeron más de 300.000 puestos registrados en todas las categorías, especialmente los privados (casi un 60 % del total). Un tercio de la pérdida correspondió a los monotributistas y autónomos.

La creación de empleo depende del nivel de actividad. Los diez años precedentes de estancamiento económico (en la mitad de ellos hubo caída absoluta del PIB) prolongan así su tendencia, agudizando el shock propio de la cuarentena, más intenso cuanto más se extiende en el tiempo.

Promediando el segundo semestre, ya no hay esperanzas de pronta recuperación más allá de las imaginativas expresiones de deseos de ciertos funcionarios y algunos analistas.

La expectativa creada con la firma del acuerdo con los acreedores privados externos (ahora carentes del apelativo de buitres) se esfumó rápidamente debido a las contradicciones oficiales en materia de medidas económicas, sumadas a los desafortunados e inquietantes resultados de la gestión que contradicen las equilibradas propuestas iniciales del presidente Fernández.

El tiempo es oro. Cuando deberíamos estar concluyendo los acuerdos con el FMI y procesando activamente las medidas de reactivación económica, seguimos empantanados en conflictos estimulados o -al menos- facilitados por sectores del oficialismo, llámense tomas de tierras en el conurbano o en el Lago Mascardi, o la “solución” del conflicto policial bonaerense con plata ajena a la provincia, o la norma acerca del sector tecnológico. Sin mencionar el “supercepo”.

Si hace un par de años se avizoraba un cambio en el vínculo entre sectores empresarios proclives a negociar debajo de la mesa con funcionarios corruptos, la actual movida judicial parece indicar que la orientación oficial es exactamente la contraria, es decir, reponer ese “estilo” de vinculación empresario-estatal, en cuyo marco no hay riesgo empresario a través de inversiones, sino apenas prebendas.

Es notable que las voces (generalmente hoy oficialistas) que clamaban por la ausencia de medidas del macrismo en favor del estímulo a la actividad productiva, hoy no estén haciendo similares reclamos a su propio gobierno más allá de las circunstancias sanitarias que afectan a todo el planeta.

No hay dudas de que la parálisis en la materia debe encontrarse en las disputas internas del oficialismo, pero que afectan a la sociedad como un todo.

Cuando el PIB per cápita ha vuelto a los niveles de una década atrás, no hay otra forma de crecer y generar empleo que volver a crear riqueza. Y eso requiere inversión. En lo inmediato, al menos utilizar la enorme capacidad ociosa en la que estamos.

Reforma fiscal o más parches. Una cosa es apelar al espíritu solidario del pueblo argentino con el propósito de “balancear las cargas”. Otra muy distinta es imaginar que en ausencia de creación de riqueza se puede solo con emisión monetaria y frases de circunstancia resolver los graves problemas de la economía y de la sociedad argentina.

El así llamado impuesto a la riqueza (que finalmente sería un impuesto a la producción, pues incluye a los patrimonios productivos) será apenas una fina lluvia en el desierto. La pregunta es si la reforma impositiva no encarada durante el kirchnerismo es ese nuevo impuesto. La respuesta es clara: no lo es.

Una reforma impositiva progresiva tiene que modificar la configuración del sistema, pero sobre la base de afianzar la creación de riqueza. También debe incluir una redefinición de la composición y características del gasto público.

Ese gasto, cuando se lo quiso amoldar años atrás, resultó una tarea imposible políticamente. Hoy se lo está haciendo a galope tendido (por ejemplo, con el sistema previsional) aunque se lo trata de mostrar de otra manera. Sin embargo, el Congreso ha sancionado medidas como la llamada reforma judicial que agranda las erogaciones de manera más que significativa, aunque infundada.

En este marco, la carencia de divisas se ha tornado, una vez más, en punto crítico, lo que llevó a una parte del Gobierno a desmentir al ministro de Economía con medidas que eran negadas hasta unas horas antes.

Es difícil, obviamente, poder responder con optimismo a la pregunta inicial sobre el futuro inmediato del empleo. Peor aún, la perspectiva en materia de ingreso y sus efectos sociales es mucho menos atractiva. ¿Reaccionará a tiempo el presidente?

(*) El autor es economista, director del Ceped-UBA.

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